Crisis en Salud. El 40% de las personas que se atienden en el Hospital Centenario tiene obra social

Mientras las prepagas y las obras sociales aumentan sus cuotas mes a mes, el sistema público de salud absorbe cada vez más afiliados que no logran acceder a las prestaciones por convenios caídos, reintegros insuficientes o la imposibilidad de seguir pagando la cobertura. En el Hospital Centenario, la demanda crece de manera sostenida y pone bajo presión a un sistema que ya funciona al límite de su capacidad

El debate sobre el rol de la salud pública vuelve a instalarse en medio de un contexto marcado por el incremento de consultas, la reducción de programas nacionales y el traslado de responsabilidades hacia provincias y municipios. En paralelo, profesionales del sector advierten que esta situación termina beneficiando a financiadores privados que continúan cobrando cuotas mientras parte de la atención recae sobre el Estado.

Según informaron desde el Hospital Centenario a Ahora ElDía, entre el 35% y el 40% de las personas que se atienden en el nosocomio cuentan con obra social. Actualmente, el hospital realiza unas 17 mil consultas mensuales con turno en consultorios externos. Sin embargo, en marzo de este año esa cifra se disparó y alcanzó las 21.767 atenciones.

La directora del hospital, Andrea Martins, explicó que todavía analizan las causas de ese aumento extraordinario, aunque remarcó que se trata de una problemática multicausal.

“Hay pacientes con pérdida de cobertura, caídas de convenios, personas que no pueden seguir pagando una prepaga u obra social, complejidades que solo pueden abordarse en el sistema público e incluso hábitos de atención arraigados. Muchas veces nos encontramos con personas que tienen obra social pero nunca la dieron de alta y siguen pagando sin recibir el servicio por desconocimiento”, señaló.

La situación también se refleja en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en distintos barrios de la ciudad. El subsecretario de Salud municipal, Pablo Alfaro, indicó que el Municipio sostiene “un proceso de inversión elevado para cubrir una demanda altísima”.

De acuerdo a los datos municipales, entre 2023 y 2025 las consultas en los CAPS realizadas por personas con obra social crecieron un 35%. A eso se suma otro incremento cercano al 10% entre 2025 y 2026. Para este año estiman una suba adicional de entre el 3% y el 5%, aunque aclaran que el freno en el crecimiento no responde a una menor demanda sino a que el sistema alcanzó su capacidad máxima.

Uno de los principales problemas es que el Municipio todavía no logra cobrarle a las obras sociales por las prestaciones realizadas a sus afiliados. Alfaro explicó que avanzan en negociaciones para recuperar esos recursos, aunque reconoció que el proceso es complejo.

“Detrás de las obras sociales hay empresarios que buscan no hacerse corresponsables de las prestaciones. Aparecen trabas administrativas y el sistema se vuelve muy engorroso. Hubo una aproximación con OSER y seguimos trabajando para que abonen consultas y prácticas”, sostuvo.

El funcionario también cuestionó el retiro progresivo del Estado nacional de las políticas sanitarias y advirtió que muchas responsabilidades recaen ahora sobre municipios y provincias.

“Hay una intención de que los municipios se hagan cargo de la prevención primaria: obesidad infantil, sífilis o enfermedades cardiovasculares, mientras las provincias deben sostener programas como Remediar, salud reproductiva o asistencia a pacientes diabéticos. Pero no contamos con el acompañamiento ni los recursos de Nación. Las campañas nacionales tienen otro alcance y otro impacto”, remarcó.

En ese sentido, Alfaro señaló que la falta de insumos nacionales también afecta programas de salud sexual. “La canasta nacional contempla entre 14 y 18 métodos anticonceptivos, pero como no llegan, el Municipio hoy solo puede garantizar preservativos con recursos propios”, explicó.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Gualeguaychú, Pablo Corfield, advirtió que muchas personas terminan recurriendo al hospital porque sus obras sociales trabajan con reintegros o directamente tienen prestaciones suspendidas.

“A pesar del esfuerzo por mantener convenios activos, los financiadores permanentemente buscan alternativas para reducir costos. Las obras sociales y las prepagas deberían garantizar siempre la atención de sus afiliados. Cuando derivan pacientes al hospital público, se ahorran muchísimo dinero”, afirmó.

Corfield explicó que, aunque el Hospital Centenario puede facturar las consultas y prácticas realizadas a afiliados de obras sociales, los valores que percibe son considerablemente menores que los que paga un sanatorio privado. Esto ocurre porque los médicos del sistema público cobran un salario mensual y no por prestación individual.

“El efector público termina cubriendo las falencias de los financiadores. Lo privado no debería sobrecargar al sistema público, que debería priorizar a quienes no tienen ningún tipo de cobertura. Si el sistema privado se desfinancia y descarga sus responsabilidades en el hospital público, el único beneficiado termina siendo el financiador”, concluyó.

Fuente: eldiaonline.com – Camila Mateo

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