El Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha del denominado Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), un esquema que busca “financiar” a las Fuerzas Armadas mediante la venta, concesión y privatización de bienes del Estado. La medida, implementada a través de un nuevo decreto, ya genera fuerte preocupación en distintas provincias y alcanza de manera directa a Entre Ríos, donde quedaron bajo disponibilidad para su posible venta el Destacamento de Vigilancia Crespo y el Batallón de Ingenieros Blindados

El programa prevé que parte de los fondos obtenidos por la venta o concesión de inmuebles estatales y por las privatizaciones habilitadas en la Ley Bases sean destinados al área de Defensa. El decreto establece que el 10% de los ingresos generados por la enajenación, alquiler o concesión de propiedades del Estado irá al Ministerio de Defensa. En el caso de bienes pertenecientes a las Fuerzas Armadas, el 70% de lo recaudado volverá a las propias fuerzas, mientras que el 30% restante quedará en manos del Tesoro Nacional.

La decisión encendió alarmas dentro de las propias estructuras militares, donde sectores técnicos y profesionales cuestionan tanto la lógica económica como el impacto estratégico de la medida. Desde la Armada advierten que la venta de patrimonio histórico y territorial no permitirá resolver los problemas de equipamiento ni recuperar capacidades operativas perdidas.

“Todos son puchitos. No te alcanza para comprar un submarino, que además no podés comprar uno solo sino dos, idealmente tres; se te van casi 3 mil millones de dólares”, señaló un integrante de la fuerza en declaraciones citadas por medios nacionales.

La misma fuente remarcó que muchos de los inmuebles incluidos en el plan no poseen un valor de mercado suficiente para sostener un verdadero proceso de reequipamiento. “Lo que más tienen son terrenos o inmuebles en zonas no muy comerciales. A lo mejor conseguís 100, 200 o 300 millones de dólares, pero eso no cambia la situación de la defensa”, explicó.

La preocupación se replica en distintos puntos del país. En Mar del Plata, por ejemplo, el debate se instaló alrededor de la Base Naval y de espacios emblemáticos como el Faro o el complejo turístico de Chapadmalal, que también podrían quedar expuestos a procesos de concesión o venta. Allí, distintos sectores políticos ya reclamaron que el presidente Javier Milei frene cualquier intento de desprenderse de bienes considerados estratégicos.

En Entre Ríos, la inclusión del Destacamento de Vigilancia Crespo y del Batallón de Ingenieros Blindados abrió interrogantes sobre el futuro de la presencia militar en la provincia y sobre el retiro progresivo del Estado nacional de áreas consideradas clave para la logística y la defensa.

Dentro de las fuerzas, las críticas apuntan a que el esquema responde más a una necesidad inmediata de recursos que a una política integral de defensa. “Pensar en repotenciar la defensa nacional con el producido de la venta de inmuebles es irreal. Podés comprar una o dos fragatas usadas, pero no submarinos ni aviones para la aviación naval”, sostuvo otra fuente militar.

El trasfondo económico aparece como uno de los principales motores de la iniciativa. Según trascendió, el Ejército analiza rematar al menos 44 inmuebles militares para afrontar compromisos financieros y deudas acumuladas. El plan incluye además la redefinición de la titularidad de hoteles, delegaciones y centros recreativos vinculados a las Fuerzas Armadas.

Para distintos analistas y dirigentes políticos, la medida implica una desarticulación progresiva del sistema de defensa nacional a cambio de un alivio contable de corto plazo. Desde sectores opositores advirtieron que el nuevo esquema “abre un escenario de incertidumbre respecto del destino futuro del patrimonio estratégico del Estado”, una preocupación que ya comenzó a resonar con fuerza tanto en los cuarteles como en las comunidades afectadas por la posible pérdida de instalaciones militares históricas.

Fuente: 0343.com.ar

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