Un matrimonio y su hijo fueron condenados por haber captado, trasladado y explotado a una adolescente de 13 años en un contexto de violencia y vulnerabilidad. Además, la forzaron a mantener una relación con el joven como si estuvieran casados. El caso comenzó tras el intento de la joven de escapar. La sentencia incluyó una reparación económica de 75 millones de pesos.

Un matrimonio y su hijo de 24 años fueron condenados a diez años de prisión por haber captado, trasladado y explotado a una adolescente entre sus 13 y 16 años. El fallo también reconoció que la joven fue obligada a “casarse” con el hijo del matrimonio cuando tenía apenas 13 años, siete menos que él.

La sentencia fue dictada por el juez Daniel Roffo, del Tribunal Oral Federal de San Juan, quien además ordenó una reparación económica de 75 millones de pesos a favor de la víctima, tal como lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal (MPF).

En el caso intervinieron distintas áreas del MPF: el Área de Casos Complejos de San Juan, el Área de Atención a las Víctimas, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la Secretaría para la Investigación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos.

El tribunal consideró probado que Alberto e Isabel Cristo, junto con su hijo Franco, fueron responsables del delito de trata de personas agravada por tratarse de una menor de edad, a la que sometieron a violencia física y psicológica en un contexto de vulnerabilidad.

La investigación determinó que la adolescente fue obligada a una unión forzada en Neuquén en 2022, tras el pago de 825 mil pesos a sus padres. Luego fue trasladada a Santa Fe, donde sufrió explotación sexual, doméstica y laboral. Según su testimonio, fue golpeada, quemada con cigarrillos y agua caliente, obligada a realizar venta ambulante y tareas domésticas, bajo amenazas de hambre y castigos.

En abril de 2025, la joven intentó escapar en San Juan junto a su hijo, pero fue perseguida y forzada a subir a una camioneta. La intervención policial permitió rescatarla y detener a los acusados.

El MPF destacó que este tipo de casos requieren un abordaje con perspectiva de género y niñez, y que las prácticas culturales no pueden justificar la violación de derechos humanos. “El matrimonio infantil está prohibido por los tratados internacionales”, recordaron los fiscales.

La reparación económica se fijó siguiendo la ley 27.508 y la guía de la Procuración General sobre víctimas de trata. Además del embargo de bienes, se dispuso el decomiso del vehículo utilizado en el delito. El juez ordenó que la sentencia sea comunicada en lenguaje claro a la comunidad gitana de San Juan y Santa Fe, así como a la familia de la víctima, que actualmente reside en Salta.

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