¿Cómo se piensa la Ley de Tierras en el mundo?
En una semana clave para debatir la modificación de la Ley de Tierras, vuelve a instalarse la discusión sobre la compra de tierras por parte de extranjeros y cómo regulan este tema otros países. Mientras el Congreso se prepara para tratar el proyecto, distintos sectores convocan a movilizarse el 6 de agosto en defensa de la soberanía sobre el territorio
Uno de los ejemplos es la República Democrática del Congo, donde sucesivas reformas buscaron flexibilizar el acceso a la tierra para atraer inversiones, especialmente en regiones ricas en recursos minerales. Sin embargo, la apertura permitió que actores extranjeros adquirieran más de nueve millones de hectáreas sin generar el desarrollo económico prometido, mientras el Estado perdió capacidad de control sobre áreas estratégicas.
También otros países africanos, como Namibia, donde la elevada extranjerización de la tierra responde principalmente a procesos coloniales que no fueron revertidos tras la independencia.
Numerosas naciones mantienen fuertes restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. Entre ellas Rusia, China, India, Irán, Polonia e Israel, donde existen prohibiciones o controles estrictos para resguardar intereses considerados estratégicos.
En el contexto actual, las adquisiciones no necesariamente son realizadas por Estados, sino por empresarios, fondos de inversión o integrantes de familias con fuerte respaldo estatal, lo que puede traducirse igualmente en influencia geopolítica sobre territorios sensibles.
El caso de Estados Unidos también es utilizado en el debate. Si bien algunos estados permiten la compra de tierras por extranjeros, existen restricciones por motivos de seguridad nacional. En Texas, por ejemplo, ciudadanos vinculados a determinados países enfrentan limitaciones para adquirir propiedades rurales, un esquema que difiere del proyecto que se discute en Argentina.
La iniciativa no incorpora resguardos vinculados a la soberanía nacional, no establece límites para ciudadanos de países con disputas territoriales con Argentina ni garantiza inversiones concretas. En ese contexto, el tratamiento legislativo y la movilización prevista para el 6 de agosto aparecen como dos instancias centrales de una discusión que combina intereses económicos, geopolítica y control del territorio.
Fuente: Desdelaraiz – Kevin Bryan
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