Una reforma regresiva: “sólo el 0,07% de los delitos en Entre Ríos son cometidos por menores”
ENTREVISTA A MAXIMILIANO BENÍTEZ - DEFENSOR GENERAL PROVINCIAL DE ENTRE RÍOS
El Defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, advirtió en contacto con este medio que el proyecto de reforma penal juvenil impulsado a nivel nacional no sólo es inconstitucional, sino también innecesario y perjudicial para los adolescentes. Señaló que la iniciativa desconoce tratados internacionales, evidencia científica y estadísticas que muestran que los menores representan un porcentaje ínfimo en delitos graves.
En medio del debate por la reforma penal juvenil, Maximiliano Benítez, Defensor General de la provincia de Entre Ríos, se pronunció con firmeza contra el proyecto que busca bajar la edad de punibilidad y habilitar la privación de libertad de adolescentes en cárceles comunes. En diálogo con este medio, sostuvo que la iniciativa implica un retroceso histórico hacia el viejo régimen de patronato, desconoce compromisos internacionales y se aparta de los estándares científicos que fundamentan la protección especial de la infancia.
Edad de responsabilidad penal y homicidios
País Edad de responsabilidad penal Índice de homicidios (cada 100.000 hab.) Argentina 16 años 3,7 Paraguay 14 años 6,2 Uruguay 13 años 10,07 México 12 años 22,6 Brasil 12 años 23
Este cuadro refuerza el argumento central del Defensor General: bajar la edad de punibilidad no garantiza mayor seguridad ciudadana. De hecho, los países con edades más bajas muestran índices de homicidios mucho más altos que Argentina.
La problemática
Benítez subrayó que la propuesta “no respeta la Convención de los Derechos del Niño ni la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, al violar el principio de no regresividad y al habilitar la privación de libertad como primera respuesta, cuando los tratados establecen que debe ser “último recurso y por el período más breve posible”.
El Defensor recordó que la evidencia científica demuestra que el lóbulo frontal —responsable del autocontrol y la toma de decisiones— recién alcanza madurez después de los 20 años. “No es caprichoso que los adolescentes tengan imputabilidad disminuida, responde a criterios científicos avalados por fallos internacionales, incluso de la Corte Suprema de Estados Unidos”, afirmó.
Además, cuestionó la utilidad de la reforma: “Argentina tiene hoy el índice de homicidios más bajo de los últimos 25 años, con 3,7 cada 100.000 habitantes, frente a cifras muy superiores en países que ya bajaron la edad penal, como Brasil, México o Uruguay. La baja edad no asegura mayor seguridad ciudadana”.
En Entre Ríos, los datos son contundentes: solo el 0,07% de los delitos son cometidos por menores, y el 90% de ellos corresponden a delitos contra la propiedad, no contra la vida. “Estamos hablando de un fenómeno ínfimo, que no justifica una reforma tan regresiva”, enfatizó.

Impacto en la vulnerabilidad
Benítez advirtió que la medida afectará principalmente a jóvenes en situación de vulnerabilidad. “La prisión disocializa, no sirve. Lo que necesitamos es inversión en políticas socioeducativas, residencias especializadas y acompañamiento integral, no más cárceles para niños”, señaló. Recordó su experiencia en los años noventa, cuando decenas de adolescentes eran privados de libertad en el pabellón Clemente XI de Victoria: “La gran mayoría de esos chicos hoy están muertos o cumplen condenas altísimas. La cárcel no les sirvió de nada”.
Posición institucional
Finalmente, el Defensor General confirmó que todas las defensorías del país emitirán un comunicado conjunto rechazando el proyecto. “Así como lo hizo la Iglesia y otros sectores, nosotros también vamos a expresar institucionalmente que esta reforma es inconstitucional, innecesaria y perjudicial”, concluyó.
