La Justicia exige explicaciones por la visita de diputados a represores en Ezeiza

El Poder Judicial pidió al Ministerio de Seguridad detalles sobre el ingreso de legisladores libertarios al penal federal, mientras que organismos de derechos humanos denunciaron penalmente al diputado Beltrán Benedit por sus declaraciones públicas.

La polémica por la visita de cinco diputados libertarios a represores condenados por delitos de lesa humanidad continúa generando repercusiones políticas y judiciales. El juez del Tribunal Oral Federal N.º 5, Daniel Obligado, solicitó al Ministerio de Seguridad un informe urgente sobre los procedimientos administrativos que permitieron el encuentro en la Unidad 31 de Ezeiza, donde se encuentran detenidos varios exintegrantes de grupos de tareas de la última dictadura militar.

El pedido se suma a una presentación previa del juez Alejandro Slokar, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal y coordinador de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad. Ambos magistrados buscan determinar si la visita se realizó siguiendo los protocolos correspondientes y quién autorizó el ingreso de los legisladores.

Chats filtrados y declaraciones que encendieron alarmas

La situación tomó mayor relevancia luego de que se difundieran supuestos mensajes de los diputados involucrados. En esos intercambios, uno de ellos habría justificado la visita afirmando que no se trataba de represores, sino de “excombatientes”, y habría cuestionado a los jueces que intervinieron en las causas por crímenes de la dictadura. Las expresiones generaron preocupación en organismos de derechos humanos, que interpretaron los dichos como una reivindicación de delitos aberrantes.

Entre los detenidos visitados se encuentra Alfredo Astiz, exmarino condenado a prisión perpetua por su participación en secuestros, torturas y desapariciones cometidos en la ESMA. Su presencia en el encuentro reforzó las críticas hacia los legisladores, especialmente por el simbolismo que representa su figura en la memoria colectiva.

Denuncia penal contra el diputado Benedit

En paralelo, la Comisión por la Memoria presentó una denuncia penal contra el diputado Beltrán Benedit por el presunto delito de apología del crimen. El organismo sostuvo que sus declaraciones públicas, difundidas por medios nacionales, constituyen una negación de los crímenes de lesa humanidad y un intento de legitimar a los responsables.

La entidad remarcó que este tipo de expresiones “atentan contra los consensos democráticos construidos desde el retorno de la democracia” y pidió que la Justicia investigue si los dichos del legislador encuadran en figuras penales previstas para la defensa o exaltación de delitos graves.

Un debate que vuelve al centro de la escena

El episodio reabrió discusiones sobre el rol del Estado en la custodia de condenados por crímenes de la dictadura, la responsabilidad de los funcionarios públicos y los límites del discurso político. También puso bajo la lupa la relación entre el Servicio Penitenciario Federal —ahora bajo la órbita del Ministerio de Seguridad— y los mecanismos de control sobre visitas a detenidos por delitos de lesa humanidad.

Mientras la Justicia avanza con los pedidos de informes y la denuncia penal sigue su curso, el caso continúa generando tensiones dentro del oficialismo y reacciones en el arco político y social. Para los organismos de derechos humanos, el episodio representa un retroceso en materia de memoria, verdad y justicia; para los legisladores involucrados, una acción política que consideran legítima.