A días de su aprobación por el Congreso, el Gobierno formalizó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Organizaciones de derechos humanos, familias y referentes del sector advierten sobre el impacto en tratamientos, pensiones e instituciones. Pablo Recchia, desde Gualeguaychú, alerta por una vulneración ética, social y jurídica.

Un veto que encendió las alarmas

El Congreso había aprobado el 10 de julio la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, que buscaba garantizar el acceso a servicios esenciales como terapias, transporte, educación especial y centros de día. Sin embargo, el presidente Javier Milei firmó el veto total, que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial junto con otras dos normas: aumento de jubilaciones y moratoria previsional. Según el Ejecutivo, estas iniciativas serían “regresivas” y contrarias al equilibrio fiscal.

Consecuencias directas

La comunidad y organizaciones del sector alertan que esta decisión afectará gravemente el acceso a alimentos, medicamentos y tratamientos, vulnerando derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Instituciones nacionales manifestaron su preocupación ante el Consejo Federal de Discapacidad, advirtiendo sobre el impacto de pensiones suspendidas, tratamientos interrumpidos, instituciones en riesgo de cierre y derechos congelados.

“La amenaza de veto no solo profundiza esta emergencia, sino que constituye una respuesta inadmisible en términos éticos, sociales y jurídicos”, afirmaron en un comunicado conjunto.

El enfoque oficial: meritocracia y ajuste

Desde el Gobierno se promueve un modelo centrado en la meritocracia, el equilibrio fiscal y la desregulación. La ley, que implicaba un aumento del 7,2% en haberes y pensiones, así como la restitución de la moratoria previsional por dos años, fue tildada por voceros oficiales como parte de un “modelo asistencialista que ya ha fracasado”. El veto presidencial cuenta además con el respaldo del Fondo Monetario Internacional.

La voz de Pablo Recchia desde Gualeguaychú

En este contexto, Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir, referente nacional en discapacidad y exintegrante del Consejo Federal de Discapacidad, expresó:

“Estamos viviendo momentos de angustia y preocupación por el anuncio del Presidente en vetar la Ley, que fue recientemente promulgada en el Congreso.”

Recchia insistió en que esta normativa es fruto de años de reclamos y responde a una crisis profunda que afecta a familias, instituciones y prestadores.

“Las pensiones están suspendidas, los tratamientos interrumpidos, las instituciones en riesgo de cierre, los derechos fundamentales han sido congelados y vulnerados.”

Además, sostuvo que el veto representa una vulneración inaceptable:

“Profundiza esta emergencia. Es una respuesta inadmisible en términos éticos, sociales y jurídicos.”

Si bien reconoció la situación económica del país, Recchia subrayó que las medidas deben respetar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

“La ONU también expresó preocupación absoluta por la falta de acceso a pensiones no contributivas, la incompatibilidad con el empleo y los impactos negativos de las reformas económicas en los derechos de las personas con discapacidad.”

Con tono firme, cerró:

“El pedido es unánime: no podemos seguir retrocediendo en derechos.”

La Red de Prestadores de la Provincia de Entre Ríos convoca a todas las organizaciones, personas con discapacidad, familiares, trabajadores de salud, y allegados a movilizarse en todas las ciudades de Entre Ríos en contra del veto de la ley de emergencia y a favor de las personas con discapacidad.

En Gualeguaychú es el día Martes 05 de agosto a 11:30hs en Plaza Urquiza