La desaparición de Marita Verón: el caso que expuso las redes de trata y la complicidad estatal
El caso cambió la historia jurídica del país: inspiró leyes contra la trata, programas de protección a víctimas y una conciencia colectiva sobre una violencia que no deja marcas visibles, pero destruye vidas enteras
El 3 de abril de 2002, María de los Ángeles Verón fue secuestrada en Tucumán. La incansable lucha de su madre, Susana Trimarco, destapó una trama de explotación sexual, complicidad institucional y encubrimiento, transformando un reclamo individual en un emblema nacional contra la trata.
El 3 de abril de 2002, María de los Ángeles “Marita” Verón, de 23 años, salió de su domicilio en la ciudad de San Miguel de Tucumán para dirigirse a una consulta médica. Nunca regresó a su hogar. Lo que en sus primeras horas fue abordado como una desaparición en el ámbito local, rápidamente se transformó en el caso más emblemático de trata de personas con fines de explotación sexual en la Argentina y en una denuncia directa hacia el silencio e inacción social frente a la violencia hacia las mujeres.
De acuerdo con las declaraciones y testimonios reunidos en la causa a lo largo de los años, Marita fue capturada por redes de trata que operaban con total impunidad en distintos puntos del país. Su presencia fue reportada por sobrevivientes en prostíbulos clandestinos de las provincias de La Rioja, Catamarca y Tucumán. Sin embargo, en las etapas iniciales de la investigación, las fuerzas policiales desestimaron las denuncias presentadas por la familia y descartaron elementos de prueba fundamentales durante los momentos más críticos de la búsqueda.
Búsqueda individual, impunidad judicial y legado legislativo
Ante la pasividad de los organismos del Estado, su madre, Susana Trimarco, impulsó una búsqueda propia. En el marco de esa labor, se infiltró en locales nocturnos, reunió testimonios de víctimas, enfrentó constantes amenazas y logró la liberación de decenas de mujeres sometidas a explotación. El accionar de Trimarco dejó al descubierto una compleja estructura delictiva respaldada por la connivencia de sectores policiales, políticos y del poder judicial.
Una década después de la desaparición, en 2012, se llevó a cabo el juicio oral contra 13 acusados de integrar la red delictiva. A pesar de los testimonios presentados, el tribunal emitió un fallo absolutorio para la totalidad de los imputados, lo que provocó un repudio masivo en todo el país. Frente a la reacción social, en 2013 la Cámara Penal de Tucumán revirtió la decisión inicial y dictó condena para 10 de los acusados. A pesar de las sentencias firmes, el paradero de Marita Verón nunca pudo ser determinado.
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