“Impunidad química en los caminos rurales”: el desprecio ambiental que envenena nuestro suelo

Mientras la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios cumple una década de vigencia obligatoria, el abandono criminal de más de 200 recipientes con residuos peligrosos en un camino rural de Balcarce expone la peor cara del sector agropecuario.

Tratar estos desechos por fuera de la normativa no es una negligencia menor: es un delito ambiental grave perpetrado por quienes, con total ausencia de humanismo, eligen contaminar el entorno común a pesar de que el sistema de reciclaje y descarte legal es completamente gratuito para el productor.

El reciente hallazgo y posterior retiro de más de doscientos bidones de agroquímicos en los márgenes de un camino vecinal en el partido de Balcarce no solo activó las alarmas de las autoridades locales y las fuerzas de seguridad, sino que desnudó una preocupante reserva de desidia en el corazón de la actividad productiva. La postal de los trajes de protección blanca recortados contra el paisaje pampeano es el síntoma de una enfermedad cultural que el campo aún no logra extirpar: el desprecio por el impacto ambiental de sus propios desperdicios.

La gravedad del hecho se multiplica cuando se analiza bajo el prisma legal. La normativa que regula el destino final de estos plásticos de alta densidad ya tiene diez años de historia en nuestro país. Una década entera es tiempo más que suficiente para que la totalidad de los actores de la cadena —desde las grandes empresas multinacionales que formulan los compuestos hasta el último de los aplicadores o pequeños productores— conozca al detalle cuáles son sus responsabilidades. El marco normativo no es una sugerencia técnica ni un manual de buenas prácticas de cumplimiento voluntario; es una exigencia penal cuya violación tipifica de manera directa como un delito ambiental severo.

Lo que vuelve verdaderamente incomprensible y éticamente injustificable este comportamiento es la arquitectura del sistema de gestión actual. Los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) distribuidos en la región están diseñados para recibir estos materiales de forma ágil, segura y, fundamentalmente, sin costo económico para el productor o el aplicador. El argumento del costo o de la carga financiera se desploma por completo. Devolver el envase lavado mediante la técnica del triple lavado —o lavado a presión— y perforado para evitar su reutilización clandestina no requiere inversiones millonarias, sino apenas un mínimo de voluntad operativa y compromiso civil.

Por lo tanto, quien decide cargar una camioneta al amparo de la noche, conducir hasta un sendero de tierra apartado y arrojar allí un centenar de recipientes cargados con remanentes tóxicos de fitosanitarios, no lo hace por asfixia económica o desconocimiento burocrático. Lo hace desde una profunda carencia de valores humanos y empatía comunitaria. Es un acto deliberado que prioriza la comodidad individual por sobre la salud de los cursos de agua, la biodiversidad del suelo y la seguridad de las familias rurales que transitan y viven en la zona.

La respuesta ante estos episodios no puede limitarse a la eficiente limpieza por parte de los organismos del Estado o las brigadas especializadas de la policía. El sector agropecuario, en su conjunto, debe ejercer una fuerte condena social interna hacia aquellos que insisten en operar en los márgenes de la ley, manchando la reputación de una actividad que se pretende moderna y sustentable.

El suelo que nos alimenta no puede seguir siendo el basurero oculto de la irresponsabilidad química.

Fuente: Compromiso Ambiental

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