Condenaron a una médica por cobrarles «plus» ilegal a jubilados del PAMI
Una médica de Rosario del Tala fue condenada a dos años de prisión condicional tras reconocer que les cobraba dinero en efectivo a jubilados del PAMI por consultas, recetas y estudios que debían ser gratuitos. El caso expone los abusos que sufren los adultos mayores en el sistema de salud.
La Justicia de Entre Ríos dictó una condena de dos años de prisión en ejecución condicional contra la médica Jennifer Evelyn Heit, luego de que la profesional reconociera en un juicio abreviado su responsabilidad en el cobro ilegítimo de prestaciones a adultos mayores en la localidad de Rosario del Tala. La sentencia se encuadró bajo la figura penal de estafa mediante abuso de confianza, al comprobarse que exigía montos de dinero por trámites y atenciones que contaban con cobertura 100% gratuita por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
El expediente judicial que derivó en la sanción penal tuvo su origen en el año 2018, momento en que diversos afiliados a la obra social estatal presentaron las primeras denuncias formales. Los testimonios coincidieron en que la profesional exigía pagos adicionales en efectivo para confeccionar recetas, realizar consultas médicas de rutina o autorizar estudios diagnósticos. En la mayoría de los casos documentados, estas transacciones irregulares se realizaban de manera directa y sin la entrega de ningún comprobante o recibo que justificara la erogación requerida a los pacientes.
La vulnerabilidad de los afiliados y el alcance de la causa
Durante el desarrollo de la investigación, los peritajes y actuaciones judiciales permitieron dimensionar la escala del padrón a disposición de la profesional. La Justicia determinó que la médica tenía asignada la atención de un total de 694 afiliados del PAMI en la zona, una masa de usuarios compuesta en su totalidad por jubilados y pensionados que dependen del sistema público de cobertura médica.
El caso cobra relevancia institucional por el contexto de extrema vulnerabilidad económica y de salud que atraviesa el sector de la tercera edad. La modalidad delictiva detectada no solo representó un perjuicio económico directo sobre los haberes de los pasivos, sino que puso de manifiesto las dinámicas de coerción indirecta a las que se ven expuestos los pacientes dentro del sistema sanitario público y privado.
La resolución de la causa mediante un juicio abreviado ratificó la veracidad de las denuncias presentadas por los usuarios y dejó sentada una condena penal en la provincia sobre el cobro de adicionales no autorizados en la atención médica a afiliados de obras sociales estatales.
Fuente: AHORA / Diario del Sur.
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