Argentina ocupa el puesto 104 entre 151 países en el Índice de Calidad de Élites elaborado por la Universidad de St. Gallen. La situación empeora cuando se observan indicadores específicos: creación de valor económico, puesto 128, y creación de valor del capital, puesto 142. En cambio, la élite argentina aparece mucho mejor posicionada en términos de poder político, donde ocupa el puesto 39. Economía en retroceso: consumo, inversión y crisis de las élites

La economía argentina atraviesa una etapa en la que varios indicadores empiezan a mostrar, con creciente claridad, el costo de la caída de los ingresos y del consumo interno. Las ventas, el empleo, la inversión y el crédito se resienten mientras el Gobierno sostiene una política basada en la reducción del gasto público, el ajuste de los ingresos y un fuerte repliegue del Estado.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en julio las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas cayeron 3,8% interanual y 2,1% respecto de junio. A su vez, el ingreso disponible de unos 15 millones de argentinos se encuentra 17% por debajo del promedio de 2023, de acuerdo con el Centro de Análisis Económico Equilibra.

El problema no se limita al consumo. La informalidad laboral llegó al 44% durante los primeros tres meses del año, según el Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario. Esto significa que más de cuatro de cada diez trabajadores se desempeñan sin aportes jubilatorios, cobertura de salud vinculada al empleo y otras protecciones laborales. Entre los trabajadores informales, el 34,3% vive en hogares pobres y el 5,2% en hogares indigentes.

La distribución del ingreso ayuda a dimensionar el fenómeno. Un informe de la Fundación Encuentro, elaborado a partir de datos de Consultora W, señala que el 78% de los hogares argentinos obtiene ingresos inferiores a $2.800.000. En un país donde una parte considerable de esos ingresos se destina a alimentos, alquiler, transporte y servicios básicos, el margen para otros consumos es cada vez menor.

El resultado es una economía en la que cada vez más hogares tienen dificultades para sostener su nivel de vida y recurren al crédito o al endeudamiento para cubrir gastos corrientes.

Cuando endeudarse deja de ser una solución

El crecimiento del endeudamiento personal constituye una de las consecuencias más visibles de la pérdida de poder adquisitivo. Una familia cuyos ingresos ya no alcanzan para cubrir sus gastos puede recurrir inicialmente a una tarjeta de crédito, un préstamo bancario o algún mecanismo informal. Pero cuando esa deuda se utiliza para pagar gastos básicos y no para financiar una inversión o un consumo extraordinario, el problema comienza a reproducirse: se contrae una nueva deuda para pagar la anterior.

El Gobierno ha intentado presentar esta situación como un problema “entre privados”. Sin embargo, la cuestión tiene consecuencias económicas y sociales que exceden ampliamente la relación entre deudor y acreedor. Cuando millones de personas reducen sus consumos o dejan de pagar sus créditos, se resiente la demanda, disminuye la actividad de los comercios y aumenta la morosidad del sistema financiero.

En los sectores populares, además, el endeudamiento puede adquirir formas mucho más peligrosas. Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), organización que agrupa a trabajadores de la economía informal y popular, advirtió que en algunos barrios los prestamistas informales están vinculados con redes de narcotráfico, narcomenudeo y crimen organizado.

La deuda, entonces, deja de ser solamente una cuestión financiera y puede convertirse en un mecanismo de dependencia social.

Menos ingresos, menos consumo y menos inversión

Esta situación permite comprender una de las principales contradicciones del actual modelo económico.

La teoría económica convencional sostiene que el empresario cumple una función central en el capitalismo: invertir, ampliar la capacidad productiva, incorporar tecnología y generar nuevos bienes y servicios. Para que esa inversión tenga sentido, sin embargo, debe existir una expectativa razonable de que habrá compradores para aquello que se produce.

Si los salarios pierden poder adquisitivo, el consumo cae. Si cae el consumo, las empresas venden menos. Si las empresas venden menos, disminuyen sus incentivos para ampliar fábricas, comprar maquinaria o contratar trabajadores.

Por eso resulta paradójico que, pese a la reducción del Estado, el debilitamiento de las organizaciones sindicales y la disminución de numerosas regulaciones, la inversión productiva privada no haya alcanzado los niveles que durante años prometieron los sectores más ortodoxos del empresariado argentino.

La explicación puede encontrarse en la propia lógica empresarial: ningún empresario invierte simplemente porque los impuestos bajen o porque el Estado se retire. Invierte cuando considera que la inversión puede ser rentable.

En un mercado interno deprimido, con empresas que reducen su actividad y elevados niveles de capacidad instalada sin utilizar, aumentar la producción puede ser una decisión poco racional desde el punto de vista empresarial.

El impacto de la obra pública y del crédito

El espacio de análisis económico Misión Productiva ha señalado que las empresas necesitan, entre otras condiciones, expectativas de crecimiento, demanda creciente, acceso al financiamiento y reglas previsibles. Una parte importante de esos factores está hoy debilitada.

La paralización de la obra pública tiene un efecto que va mucho más allá de las rutas, viviendas, escuelas o infraestructura que dejan de construirse. La construcción moviliza fábricas de cemento, acero y otros materiales; empresas de transporte; proveedores de maquinaria; profesionales y trabajadores de múltiples actividades.

Por eso, cuando el Estado deja de invertir, también se contraen numerosos negocios privados que dependían de esa demanda.

Misión Productiva estima que la inversión pública suele representar entre 2% y 3% del Producto Bruto Interno (PBI) y entre 10% y 15% de la inversión total, según el período considerado. La construcción privada, hasta ahora, no ha logrado compensar ese retroceso.

Al mismo tiempo, el deterioro salarial alejó para millones de trabajadores la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario. Y el sistema financiero continúa sin convertirse en una fuente significativa de financiamiento de largo plazo para proyectos productivos.

Las inversiones que sí avanzan se concentran principalmente en sectores como minería, energía e hidrocarburos. Son actividades importantes, pero por sí solas no garantizan una transformación integral de la estructura productiva. El desafío es que esos sectores generen cadenas de proveedores, empleo, tecnología y actividad económica en el resto del país.

Una ciencia que también pierde trabajadores

El ajuste también alcanzó al sistema científico y tecnológico.

Entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se perdieron 6.400 puestos de trabajo en el sector, según datos del Grupo de Economía, Política y Ciencia y del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. El número de trabajadores pasó de 75.121 a 68.721: una reducción equivalente a aproximadamente siete puestos por día.

La importancia de este dato se entiende mejor al observar que la ciencia y la tecnología no son actividades aisladas del resto de la economía. La investigación genera conocimiento, patentes, tecnología, formación profesional y capacidades que luego pueden aplicarse en la industria, la energía, la salud, el agro y otros sectores.

Argentina posee ejemplos concretos de esa capacidad. El diplomático argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, destacó las “islas de excelencia” existentes en áreas como la actividad nuclear, espacial y biotecnológica.

Grossi planteó una pregunta central: ¿por qué esas experiencias exitosas no consiguen convertirse en un proceso generalizado de desarrollo?

La respuesta remite, entre otras cuestiones, al papel que históricamente tuvo el Estado en la construcción de esas capacidades.

¿Qué pasa con los empresarios?

Para buena parte del discurso económico dominante, la explicación de los problemas argentinos suele encontrarse en el tamaño del Estado, los impuestos o las regulaciones laborales. Pero existe una pregunta menos habitual: ¿qué hacen los grandes empresarios con el poder económico que poseen?

Un estudio de la Universidad de St. Gallen, en Suiza, intenta responderla a partir de un concepto particular: la “calidad de las élites”.

El término no se refiere simplemente a si los empresarios son ricos o exitosos. El estudio analiza a los grupos que concentran poder económico y político y observa si utilizan ese poder para generar valor, innovación e inversión productiva o si se dedican principalmente a capturar rentas.

La investigación utiliza 148 indicadores y analiza 151 países. En el ranking correspondiente a este año, Argentina aparece en el puesto 104.

Pero algunos datos son todavía más llamativos. En creación de valor económico, Argentina ocupa el puesto 128; en creación de valor del capital, el 142. En cambio, la posición mejora considerablemente cuando se mide el poder político de las élites, donde aparece en el puesto 39.

En otras palabras, el estudio encuentra una fuerte diferencia entre el poder que poseen las élites económicas argentinas y su capacidad para generar valor para el conjunto de la economía.

¿Quiénes participaron del debate?

La presentación del capítulo argentino del índice reunió a figuras provenientes de ámbitos muy diferentes.

Rafael Grossi, además de encabezar el organismo internacional dedicado a la energía atómica, es uno de los diplomáticos argentinos con mayor proyección internacional.

El sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga, investigador y referente del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), estudia desde hace años cuestiones vinculadas con pobreza, desigualdad y funcionamiento institucional.

Raquel Chan es una reconocida investigadora argentina especializada en biotecnología vegetal y forma parte del sistema científico nacional.

Lo interesante es que, pese a sus trayectorias diferentes, los tres plantearon críticas sobre las dificultades argentinas para convertir capacidades existentes en un proceso sostenido de desarrollo.

Zarazaga habló directamente de una “coalición extractivista”: un entramado de intereses económicos y políticos que obtiene beneficios de determinadas reglas de juego y que puede terminar bloqueando transformaciones productivas.

Chan, por su parte, cuestionó el deterioro del sistema científico y recordó que países como Israel y Corea del Sur destinan porcentajes muy superiores de su PBI a investigación y desarrollo.

El contraste es significativo: mientras Argentina posee instituciones y científicos capaces de producir conocimiento de alto nivel, las políticas actuales reducen recursos y puestos de trabajo en ese mismo sector.

El extraño caso de una élite con mucho poder y poca inversión

El Índice de Calidad de Élites introduce una discusión incómoda para el empresariado argentino: una cosa es reclamar libertad económica y otra muy diferente es utilizar esa libertad para invertir, producir e innovar.

La inversión privada no es un acto de altruismo. Un empresario invierte porque espera obtener beneficios. Pero, desde la propia lógica del capitalismo, esos beneficios deberían estar asociados a la creación de nueva capacidad productiva.

Cuando una empresa construye una fábrica, incorpora tecnología, capacita trabajadores y desarrolla nuevos productos, genera valor que puede expandirse al resto de la economía.

Otra cosa ocurre cuando el negocio consiste fundamentalmente en obtener ventajas financieras, especular con activos, comprar empresas existentes, apropiarse de recursos naturales sin desarrollar cadenas productivas o presionar por beneficios fiscales.

La diferencia entre ambos comportamientos es precisamente uno de los puntos centrales del estudio de St. Gallen.

Y ahí aparece una de las grandes paradojas argentinas: durante décadas, sectores del gran empresariado reclamaron un Estado más pequeño y menos regulaciones en nombre de una supuesta necesidad de fomentar la inversión. Sin embargo, cuando esas condiciones se aproximan a lo que reclamaban, la inversión productiva no aparece en la magnitud prometida.

El mercado, por sí solo, no garantiza que los capitales se dirijan hacia las actividades que más necesita una sociedad.

Evergrande: cuando el poder económico encuentra un límite

El caso de Evergrande, mencionado en el debate sobre las élites, ayuda a comprender otro aspecto del problema.

Evergrande Group fue durante años uno de los gigantes del mercado inmobiliario chino. Su negocio principal era el desarrollo y la venta de viviendas y llegó a convertirse en uno de los grupos empresariales más grandes del país. Tuvo alrededor de 200.000 empleados directos y contribuyó a generar millones de puestos de trabajo indirectos.

Su crecimiento estuvo estrechamente relacionado con el enorme desarrollo inmobiliario chino de las últimas décadas. Sin embargo, el grupo acumuló una deuda gigantesca y terminó entrando en proceso de liquidación en 2024.

Su fundador, Xu Jiayin, quien llegó a ser uno de los hombres más ricos de China, fue posteriormente condenado por delitos vinculados con fraude, captación ilegal de fondos y otras irregularidades financieras.

El dato importante no es presentar a China como un modelo económico a imitar. La cuestión es institucional: un empresario extremadamente poderoso puede acumular enormes recursos, pero eso no significa necesariamente que pueda colocarse por encima del poder judicial y de las leyes.

El mensaje de fondo es que la existencia de grandes empresas no implica que el Estado deba renunciar a su capacidad de regular, investigar y sancionar.

Una economía de mercado necesita empresarios. Pero también necesita reglas.

El problema argentino es más profundo

La discusión, entonces, no puede reducirse a si hay demasiado o demasiado poco Estado.

Argentina tiene un problema más complejo: cómo construir un sistema económico capaz de generar inversión productiva, empleos de calidad, innovación tecnológica y crecimiento sostenido.

Los datos actuales muestran una combinación preocupante: caída del consumo, aumento del endeudamiento, elevada informalidad, pérdida de puestos científicos, retroceso de la inversión pública y dificultades para que la inversión privada compense ese deterioro.

El economista Jorge Carrera señaló que el Gobierno tuvo hasta ahora un contexto internacional relativamente favorable, con buenos términos de intercambio, una cosecha récord, respaldo financiero estadounidense y un FMI particularmente flexible.

Si, pese a esas condiciones, la economía interna muestra signos crecientes de debilidad, la explicación no puede atribuirse exclusivamente al escenario internacional.

El punto central es otro: una economía no puede crecer indefinidamente reduciendo la capacidad de consumo de la mayoría de la población. Y tampoco puede sostener un proceso de desarrollo si destruye las capacidades estatales, científicas y productivas que podrían permitirle crecer en el futuro.

La pregunta que queda planteada es qué modelo económico puede surgir de este proceso.

Si el ajuste reduce salarios, empleo, consumo, obra pública y capacidades científicas, mientras la inversión privada no aparece en la escala esperada, el resultado puede ser una economía más pequeña, más concentrada y dependiente de unos pocos sectores exportadores.

El desafío consiste, precisamente, en evitar que esas “islas de excelencia” de las que habló Grossi continúen aisladas y construir, a partir de ellas, un verdadero continente productivo.

Porque el problema argentino no es solamente cuánto Estado hay o cuánto gastan los gobiernos. También es qué hacen las élites económicas con el enorme poder que concentran y si están dispuestas a asumir la función que el propio capitalismo les asigna: invertir, innovar y ampliar la capacidad productiva de la sociedad.

Fuente: elcohetealaluna.com – Ricardo Aronskind

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