La caída del helicóptero en San Juan dejó en evidencia el ajuste
La tragedia dejó al descubierto la estructura con la que la Argentina enfrenta el fuego: presupuesto en caída, contratos de tres meses, salarios bajo la línea de pobreza y aeronaves contratadas a privados
Andrés Bosch coordinaba los recursos aéreos de la Agencia Federal de Emergencias para toda la región Centro del país: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Tres provincias. Una persona. Rodrigo Aimetta era el jefe de la Brigada Nacional del NEA y estaba a cargo de la capacitación técnica: el hombre que formaba a los brigadistas argentinos. Los dos murieron el miércoles en la caída del helicóptero en Valle Fértil, mientras dictaban los módulos teóricos y prácticos de un curso destinado a que el personal de San Juan aprendiera a operar con medios aéreos.
Con ellos murieron el director de Protección Civil de San Juan, el subjefe de la Policía, el jefe y el subjefe del Cuerpo de Bomberos provincial y el piloto de la aeronave. Siete personas.
Las causas del accidente están bajo investigación de la Justicia Federal y de la Junta de Seguridad en el Transporte. Sería temerario adelantar conclusiones, y esta nota no las adelanta. Lo que puede documentarse, con presupuestos y resoluciones oficiales, es el estado de la estructura a la que pertenecían quienes viajaban en ese helicóptero.
Empecemos por el número que ordena todo lo demás. En la Argentina hay alrededor de cuatrocientos brigadistas para el combate de incendios forestales en todo el territorio nacional. Cuatrocientas personas para 2,8 millones de kilómetros cuadrados. Cuando el miércoles murieron dos de ellos, entre los que estaba el responsable de formar a los demás, la pérdida no fue solo humana. Fue estructural, porque la estructura es exactamente así de delgada.
Esa delgadez tiene una explicación presupuestaria. El presupuesto 2026 del Servicio Nacional de Manejo del Fuego registró una caída de 74.145 millones de pesos y se ubica, según el relevamiento de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, como el segundo más bajo de los últimos diez años. El recorte alcanzó de lleno a los sistemas de alerta temprana y de evaluación del peligro de incendios. Es decir, a la prevención. Lo que queda se destina a apagar lo que ya se prendió.
A la reducción se le suma algo más difícil de justificar: la subejecución. Durante 2025 quedó sin ejecutar el 25% del presupuesto asignado al manejo del fuego. En la Patagonia, mientras el fuego avanzaba y los gobernadores reclamaban la declaración de emergencia nacional, la administración central dejó casi veinte mil millones de pesos sin utilizar. No fue únicamente que hubiera poco. Fue que ni siquiera se gastó lo poco que había.
Bosch, además de coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias, era jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de las Rosas, en Traslasierra. Ese dato lo coloca en el otro extremo del mismo sistema deteriorado.
La Ley 25.054, sancionada en 1998, creó el Fondo Nacional del Sistema de Bomberos Voluntarios, financiado con un aporte obligatorio de entre el 0,5% y el 0,55% sobre las primas de seguros. No es una partida discrecional sujeta a las prioridades de cada gestión: es un fondo de afectación específica, recaudado con ese destino y asignado por ley a los cuarteles. En 2025 se presupuestaron unos 52.300 millones de pesos. Se transfirieron 40.163 millones, íntegramente en febrero. Después no hubo un solo giro más en todo el año. Cerca de 12.100 millones que correspondían a los cuarteles quedaron sin distribuir. Ese dinero no faltaba: estaba cobrado y tenía dueño.
Las condiciones laborales de los brigadistas nacionales completan el cuadro. Trabajan bajo contratos trimestrales, cuando en otro momento tuvieron contratos anuales. Cada noventa días vuelven a no saber si continúan. A fines de 2024 se produjeron treinta desvinculaciones en el área, diez de ellas de brigadistas. La tarea no está reconocida como trabajo riesgoso, no se aplica el ítem insalubridad y los regímenes de jubilación anticipada previstos en el convenio colectivo siguen sin efectivizarse.
El salario cierra la ecuación. Un brigadista que se desempeña fuera de la Patagonia percibe alrededor de 561.000 pesos mensuales. En junio, según el INDEC, una familia tipo necesitó 1.531.473 pesos para no ser pobre. Quien se interna en el monte a contener un frente de fuego cobra poco más de un tercio de lo que su familia necesita para no caer bajo la línea de pobreza.
Desde ATE, el gremio del sector, se responsabilizó al Gobierno nacional por la magnitud de los incendios en la Patagonia, con eje en el recorte al Programa Nacional de Manejo del Fuego y en la precarización de los brigadistas. Los reclamos salariales se sostienen desde principios de año, incluso en pleno operativo contra el fuego.
Hay un último dato del miércoles que merece atención. El helicóptero siniestrado, un Bell 412EP matrícula LV-KGR, no pertenecía al Estado. Era operado por JasFly S.A., una empresa privada contratada para la prestación del servicio. Que la capacitación de altos mandos provinciales y de brigadistas nacionales en el uso de medios aéreos deba realizarse sobre una aeronave alquilada a un tercero no es un detalle administrativo. Es la consecuencia directa de un Estado que fue desprendiéndose de capacidades operativas propias.
Sobre ese esquema se montó, además, una reestructuración institucional. El Sistema Nacional de Manejo del Fuego pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad y se creó la Agencia Federal de Emergencias con el objetivo declarado de unificar y fortalecer la respuesta ante desastres. La reorganización no vino acompañada de recursos. Se modificó el organigrama mientras se reducía el presupuesto, se congelaban los salarios y se acortaban los contratos.
Córdoba decretó un día de duelo por sus dos brigadistas. San Juan dispuso tres días de duelo provincial. Los homenajes son merecidos y necesarios.
Nada de lo expuesto explica lo que ocurrió el miércoles sobre el Parque Ischigualasto. Eso lo determinará la investigación, y así debe ser. Pero describe con precisión las condiciones en las que trabajaban las siete personas que subieron a ese helicóptero, y las condiciones en las que seguirán trabajando quienes ocupen sus lugares. Esas condiciones no son una fatalidad. Son el resultado de decisiones presupuestarias que pueden revisarse.
Fuente: Guillermo Hugo Mallea
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