Gremios gualeguaychuenses lograron frenar descuentos por certificados médicos de papel en el Parque Industrial
En la columna laboralista del programa Modo Obrero emitido por el streaming de Radio Inclusión, el abogado Andrés Ocampo analizó el impacto del Decreto 407 en Gualeguaychú y el logro de los gremios locales para frenar los descuentos salariales por certificados en papel ante la falta de conectividad.
A raíz de la profunda confusión y los perjuicios salariales generados por la implementación de los nuevos certificados médicos digitales —establecidos en la reforma laboral del Ejecutivo nacional mediante el Decreto 407—, la CGT y diversos sindicatos locales consiguieron abrir una instancia de diálogo estratégico en Gualeguaychú. Tras una extensa reunión llevada a cabo en la Corporación de Desarrollo, sobre calle España, representantes de los trabajadores, la Cámara Industrial y el Colegio Médico consensuaron una flexibilización de al menos 120 días en los controles para evitar que las y los obreros continúen sufriendo descuentos involuntarios en sus haberes.
La problemática escaló rápidamente en el territorio entrerriano luego de que comenzaran a vencerse los plazos de la reglamentación dictada el pasado 1 de junio. La normativa nacional exige que los profesionales de la salud utilicen aplicaciones móviles específicas para remitir los partes de manera directa a las patronales. Sin embargo, el sector sindical denunció que la medida se diagramó desde Capital Federal de “atrás para adelante”, sin articular con los médicos del interior del país, muchos de los cuales carecen de conectividad, desconocen las plataformas homologadas o directamente sostienen una resistencia cultural al cambio tecnológico.
“No nos oponemos al uso de las tecnologías si son para agilizarle la vida al trabajador, pero no se pueden exigir requisitos cuando los medios no están dados”
Trabajadores en el medio del conflicto
El núcleo de la crisis radica en que los empleados, al padecer una patología o accidente inculpable (fuera del horario laboral), asisten a la consulta y reciben el tradicional certificado en papel. Al intentar presentarlo en las oficinas de recursos humanos, especialmente dentro de las empresas del Parque Industrial de Gualeguaychú, algunas gerencias rechazaban el formato físico amparándose en la nueva legislación. Esta situación dejaba a los operarios desprotegidos, atrapados en una disputa ajena entre los profesionales de la salud y las empresas, derivando en la pérdida del presentismo o directamente en el descuento de los días de licencia.
“No nos oponemos al uso de las tecnologías si son para agilizarle la vida al trabajador, pero no se pueden exigir requisitos cuando los medios no están dados”, explicaron asesores legales de las comisiones directivas gremiales que asistieron al encuentro. Durante el debate, los representantes sindicales confrontaron los argumentos de ciertos gerentes que pretendían aplicar la normativa a rajatabla: “Si vamos a aplicar las leyes con esa rigidez, tendríamos que empezar por cerrar el parque industrial por los incumplimientos en materia ambiental”. Ante este panorama, otros directivos mostraron mayor sensatez y admitieron la necesidad de aplicar un criterio mixto y transitorio.
El fantasma de las juntas médicas y la vulnerabilidad
Otro de los puntos de fuerte fricción normativa radica en las licencias de largo tratamiento, los postoperatorios y las rehabilitaciones prolongadas. El Decreto 407 alteró los mecanismos de control patronal sobre el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, abriendo interrogantes sobre quién dirime las discrepancias cuando el médico del trabajador prescribe un mes de reposo y el profesional de la empresa dictamina solo una semana.
La regulación estipula que ante estos desacuerdos debe intervenir una junta médica oficial y con trayectoria. A nivel local, el Hospital Centenario cuenta con una junta médica (la número 8) que históricamente evalúa al personal de salud pública de la provincia. No obstante, los sindicatos alertaron que, si no se descentraliza formalmente esta facultad para el sector privado, los trabajadores de la región se verán obligados a trasladarse a Paraná para defender sus carpetas médicas —dado que la junta de Concordia no se encuentra operativa—, agravando la situación de vulnerabilidad de una persona que ya se encuentra lidiando con una enfermedad y con mermas en sus ingresos.
Mecanismo de resguardo ante rechazos patronales
Ante la persistencia de dudas generalizadas que afectan tanto a empresarios como a efectores de salud, la CGT local instruyó a los delegados de fábrica a mantener canales de consulta abiertos y llevar tranquilidad a las bases. Asimismo, se recordó a los operarios que, si una empresa se niega a recibir un certificado en formato papel, deben concurrir inmediatamente a la Dirección de Trabajo, ubicada en España 128.
Allí se puede realizar una presentación formal entregando una copia del documento médico físico para que el organismo estatal notifique formalmente a la patronal. Este trámite administrativo constituye un resguardo legal clave para justificar la ausencia, demostrar la buena fe del empleado y ofrecer el sustento jurídico necesario para reclamar la devolución del dinero en caso de que se ejecuten descuentos arbitrarios en las liquidaciones de sueldo.
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