La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el principal corredor de exportaciones de la Argentina, continúa sumando cuestionamientos técnicos, judiciales y políticos

Mientras el Gobierno nacional avanza con la privatización del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), especialistas y exfuncionarios advierten sobre posibles irregularidades en el proceso y alertan sobre el impacto estratégico de una concesión que podría extenderse durante varias décadas.

Por la Hidrovía circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, principalmente granos y derivados agroindustriales. El Ejecutivo impulsa un nuevo esquema de gestión privada bajo el argumento de mejorar la eficiencia y reducir costos para los usuarios del sistema.

Actualmente continúan en carrera dos empresas europeas: la belga DEME y la danesa Rohde Nielsen, que presentaron propuestas con tarifas inferiores a las vigentes. Sin embargo, la salida de otros competidores, entre ellos grupos con participación china, alimentó sospechas sobre las condiciones establecidas en los pliegos, que diversos actores del sector consideran restrictivas para parte de los oferentes.

Las críticas también apuntan al diseño de la licitación, administrada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Informes técnicos detectaron inconsistencias vinculadas a las profundidades requeridas, criterios económicos y la falta de estudios integrales de impacto ambiental. Asimismo, se cuestiona la escasa participación de provincias ribereñas y universidades públicas en la elaboración del proyecto.

Las controversias llegaron incluso a Estados Unidos. Un consorcio internacional respaldado por el fondo KKR & Co. solicitó la intervención de la Casa Blanca al considerar que existen condiciones injustas en el proceso licitatorio. Paralelamente, DEME manifestó su disconformidad con los resultados preliminares y analiza presentar una apelación por presuntas irregularidades y falta de transparencia.

Desde el Gobierno rechazan las acusaciones y sostienen que la licitación se ajusta a estándares internacionales y garantiza competencia. Sin embargo, las explicaciones oficiales no lograron disipar las dudas de sectores políticos, empresariales y técnicos que siguen de cerca el expediente.

Una disputa estratégica

La Hidrovía también concentra intereses geopolíticos. Analistas sostienen que la vía navegable representa mucho más que un negocio de infraestructura: constituye una pieza clave para el comercio exterior sudamericano y para las cadenas globales de suministro. En ese contexto, se menciona una fuerte disputa entre empresas vinculadas a intereses europeos y estadounidenses por el control de la concesión.

Alertas ambientales

Otro de los focos de preocupación es el impacto ambiental del proyecto. Organizaciones socioambientales e investigadores reclaman estudios independientes sobre las consecuencias del dragado y la profundización de canales en el río Paraná.

Las advertencias incluyen posibles afectaciones sobre humedales, biodiversidad, dinámica sedimentaria y comunidades costeras. Especialistas recuerdan que el Paraná atraviesa una situación delicada desde hace años y que las modificaciones sobre su cauce pueden generar efectos acumulativos difíciles de revertir.

A estas preocupaciones se suma el debate sobre los mecanismos de control estatal. Diversos sectores sostienen que la privatización redujo históricamente la capacidad de fiscalización sobre cargas y operaciones comerciales, y advierten que el nuevo esquema podría profundizar esa tendencia. Aunque el Gobierno asegura que mantendrá funciones de supervisión, todavía no detalló cómo se implementarán esos controles.

Fuente: accion.coop – Cristian Carrillo

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