Más de 165 organizaciones reclaman frenar las fumigaciones con agroquímicos cerca de escuelas rurales

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Entidades ambientales, sindicales, científicas y de salud presentaron un petitorio conjunto para exigir zonas de exclusión en establecimientos educativos, controles permanentes sobre la calidad del agua y el reconocimiento oficial de las enfermedades vinculadas a la exposición química.

Más de 165 organizaciones ambientales, sindicales, científicas y del ámbito de la salud formalizaron una presentación conjunta para exigir mayores resguardos sanitarios frente a las fumigaciones con agroquímicos en las inmediaciones de escuelas rurales y periurbanas. El reclamo apunta a proteger la salud de estudiantes, docentes y comunidades educativas que conviven de manera cotidiana con las aplicaciones agrícolas.

El planteo intersectorial se inscribe en un escenario de creciente debate público sobre las consecuencias ambientales y sanitarias del modelo de producción agropecuaria, en sintonía con recientes resoluciones judiciales que comenzaron a fijar límites más estrictos a las pulverizaciones en distintos puntos del territorio nacional.

Los ejes del reclamo: zonas de exclusión y reconocimiento sanitario

A través del petitorio las entidades firmantes alertaron que en la Argentina persiste el uso de numerosos productos químicos cuya utilización ya fue prohibida en otros países debido a su toxicidad. Ante este cuadro, sostuvieron la urgencia de reforzar las políticas de prevención estatal.

Entre las medidas concretas exigidas por las organizaciones se destacan tres puntos fundamentales:

  • Zonas de exclusión: El establecimiento de distancias libres de fumigación alrededor de todos los establecimientos educativos rurales y periurbanos para evitar la deriva de los agrotóxicos.
  • Control hídrico: La implementación de un monitoreo permanente y riguroso sobre la calidad del agua que consumen las comunidades escolares.
  • Reconocimiento de patologías: La incorporación y el reconocimiento oficial de las enfermedades asociadas a la exposición aguda o crónica a estos productos químicos dentro del sistema de salud.

Con el respaldo de antecedentes judiciales previos y el aval de diversos sectores científicos y gremiales, las organizaciones aguardan una respuesta institucional que garantice condiciones seguras para el desarrollo de las actividades educativas.

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