Una minera amparada por el RIGI romperá un glaciar y San Juan renunciará a cobrarle multas por daños ambientales
El megaemprendimiento minero Vicuña fue amparado por el RIGI y se sitúa en una zona de glaciares. La letra chica del acta compromiso por el que la provincia cede soberanía y renuncia a litigar y cobrar multas por daños ambientales.
El proyecto minero Vicuña en San Juan, impulsado por las corporaciones BHP y Lundin Mining en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), se perfila como un caso testigo de cesión de soberanía, daño ecológico e indefensión estatal en nombre de las inversiones extranjeras. Presentado institucionalmente como el mayor desembolso minero en la historia del país —con una proyección total de 18.000 millones de dólares—, el megaemprendimiento unifica los yacimientos de cobre, oro y plata José María y Filo del Sol en plena Cordillera de los Andes.
La localización del enclave genera alarma en la comunidad científica y ambientalista: se asienta sobre glaciares de escombros y afecta directamente al Glaciar GE110, una reserva estratégica de agua dulce. Diversas organizaciones como las Asambleas por el Agua de Mendoza y San Juan, el CELS, la FARN y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) advirtieron que la zona periglaciar ya fue intervenida por obras de exploración y trazados viales. A esto se suma el impacto hídrico sobre cuencas como la del río Jáchal y una demanda energética proyectada en 700 MW, cifra que supera la capacidad de consumo de la población entera de la provincia de San Juan.
Blindaje corporativo, pérdida fiscal y entrega de soberanía
El trasfondo legal y fiscal resulta aún más alarmante que el impacto biofísico. Un análisis técnico elaborado por el economista Hugo Berozzi detalló los alcances del acta acuerdo firmada entre el gobernador Marcelo Orrego y la corporación Vicuña, ratificada posteriormente por la Legislatura provincial. El documento otorga una estabilidad de 71 años a la firma transnacional, congelando las regalías mineras en un 3% y renunciando al plus del 5% permitido por la normativa nacional, lo que implicaría un costo fiscal para San Juan superior a los 490 millones de dólares.
A su vez, el desembolso inicial de 250 millones de dólares anunciado como “compensación ambiental” funciona, en la práctica, como un pago único y por adelantado que exime a la empresa de futuras demandas por pasivos ecológicos. Con esos mismos fondos, la provincia deberá reparar la infraestructura vial utilizada por la propia logística minera. El acuerdo desmantela además la exigencia de contratar proveedores o mano de obra local —situación evidenciada en la adjudicación de campamentos modulares a firmas chinas— y cancela compromisos previos de reforestación, energías renovables e infraestructura hídrica para las comunidades rurales de Jáchal e Iglesia.
El punto cstyle más gravoso reside en la renuncia explícita del Estado a someter eventuales litigios a los tribunales locales o nacionales. Ante cualquier controversia tributaria o ambiental, las partes deberán acudir a un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional. Las voces críticas que señalaron estas irregularidades sufrieron persecución directa: el propio Berozzi fue cesado de su cargo en el Fondo de Garantías provincial tras publicar el informe. Mientras tanto, las corporaciones a cargo acumulan severos antecedentes internacionales por desastres ambientales y violaciones de derechos humanos en la región y el mundo.
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Fuente. Una minera amparada por el RIGI romperá un glaciar en San Juan
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