El gobierno de Milei recortó remedios oncológicos y pone en riesgo la vida de miles de pacientes
El ajuste implementado por el Ministerio de Salud afectó severamente la compra de drogas de alto costo para personas sin cobertura privada. Médicos e instituciones líderes denunciaron una paralización sin precedentes en la entrega de tratamientos y en la apertura de nuevas historias clínicas.
La política de recorte del gasto público impulsada por la gestión nacional impacta de forma directa sobre la atención de la salud pública, afectando de manera crítica a los pacientes que padecen patologías graves. A partir de la paralización de programas estatales clave, el acceso a drogas de alto costo y tratamientos esenciales se convirtió en un obstáculo cotidiano para miles de personas sin cobertura médica privada.
Un informe emitido por la señal C5N visibilizó las consecuencias de este ajuste, exponiendo testimonios de personas afectadas y profesionales del sector. Entre los organismos impactados se encuentra la Dirección de Asistencia Directa por Razones Especiales (DADSE), encargada históricamente de gestionar la adquisición de medicamentos para enfermos oncológicos y con patologías complejas que carecen de otros medios de financiamiento.
El impacto de las medidas se refleja directamente en la actividad del Instituto Ángel H. Roffo, centro nacional de referencia especializado en la materia. La institución, que solía atender a 100.000 pacientes al año y registrar un promedio de 30 historias clínicas nuevas por día, vio reducida la incorporación de nuevos casos a un máximo de cinco diarios.
Profesionales del sector advierten que las trabas burocráticas y presupuestarias se extienden tanto al sector público como al privado. Integrantes de la Asociación Oncológica Clínica señalaron un incremento en el rechazo de prescripciones y tratamientos previamente autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), configurando un escenario inédito en el sistema de salud.
Amparos judiciales y el costo del tiempo en tratamientos graves
Ante la falta de respuestas administrativas, los pacientes se ven obligados a recurrir a la vía judicial mediante la presentación de amparos para exigir la entrega de los remedios prescritos. Desde los equipos médicos advierten que este trámite impone una barrera económica adicional y una demora temporal incompatible con la urgencia que requieren los diagnósticos oncológicos.
Casos informados por el personal sanitario dan cuenta de interrupciones o sustituciones no recomendadas en la entrega de drogas cuyos costos mensuales alcanzan los 10 o 12 millones de pesos. Asimismo, familiares denunciaron que la falta de suministro provocó el agravamiento de cuadros clínicos y desenlaces fatales.
Las críticas desde el sector de la salud apuntan a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Mario Lugones, a quienes responsabilizan por la parálisis en la provisión de insumos básicos. Mientras persisten las demoras, la comunidad médica alerta que la falta de continuidad en las terapias farmacológicas vulnera el derecho a la salud de los sectores de menores recursos.
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