ARSAT y la pérdida de soberanía: denuncian vaciamiento, deuda millonaria y entrega de servicios a privados
Daiana García, economista y delegada de la empresa pública, alertó sobre el desfinanciamiento sistemático por parte del Gobierno Nacional. Acusa la sustitución del servicio satelital en escuelas rurales por la firma Starlink, el traspaso de datos estatales a multinacionales y un congelamiento salarial que ya provocó la salida del 20% del personal calificado.
Un informe elaborado por Daiana García, licenciada en Economía y delegada gremial de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), advierte sobre un proceso de pérdida de soberanía tecnológica y desfinanciamiento intencional de la compañía estatal por parte de la administración del presidente Javier Milei.
La denuncia apunta a la acumulación de una deuda millonaria por servicios prestados al Estado que no son abonados, maniobra que ahoga financieramente a la firma mientras se transfieren áreas clave del negocio de las telecomunicaciones hacia multinacionales privadas.
La infraestructura de ARSAT abarca actualmente una red federal de fibra óptica de 34.000 kilómetros —incluido el tramo submarino que llega a Tierra del Fuego—, un Datacenter de alta seguridad con estándares internacionales y la gestión de dos satélites de fabricación nacional (ARSAT-1 y ARSAT-2) que explotan las posiciones orbitales de los 72° y 81° Oeste.
Esta capacidad instalada permite conectar zonas de baja rentabilidad comercial, garantizando el acceso a internet, la Televisión Digital Abierta (TDA), centros de salud e instituciones educativas.
Desconexión de escuelas rurales, migración de datos y conflicto laboral
El núcleo de la denuncia señala la decisión oficial de dar de baja los contratos de ARSAT en las casi 6.000 escuelas rurales que recibían conectividad satelital pública, para adjudicar dichos servicios a la firma estadounidense Starlink. Según el análisis de la especialista, la contratación privada representa un costo de aproximadamente el triple en comparación con la tarifa de la empresa nacional.
En esa misma línea, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) mantiene deudas de larga data por servicios ya brindados por la firma local, mientras liquida pagos de forma acelerada a la corporación extranjera. La retracción de la presencia estatal registra antecedentes similares con la desconexión gradual de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) en zonas de alta montaña.
Asimismo, la estrategia gubernamental incluye la migración de la “nube” pública y soberana —albergada en el Datacenter de la empresa, donde se resguardan datos sensibles de organismos públicos, bancos y privados— hacia los servidores de las corporaciones tecnológicas Amazon y Google.
El escenario institucional se completa con un profundo deterioro de las condiciones de trabajo dentro de la empresa pública. De acuerdo con el reporte, la paritaria permanece paralizada desde hace tres meses, acumulando un retraso salarial estimado en un 50% frente a la inflación desde el inicio del conflicto a fines de 2023.
Esta situación, sumada a la falta de incentivos e incertidumbre sobre el futuro de la firma, provocó la renuncia de más del 20% de su dotación de personal altamente capacitado, desencadenando medidas de fuerza gremiales en la planta operativa.
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