Confirmaron indicios de toxicidad en vertidos de Botnia al río Uruguay: qué revela el informe binacional
Un informe del Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) detectó señales de toxicidad en los efluentes de la planta de celulosa de Botnia, hoy operada por UPM en Fray Bentos, durante noviembre y diciembre de 2023. El documento vuelve a poner en escena un conflicto ambiental que marcó durante años la relación entre Argentina y Uruguay
El monitoreo incluyó doce inspecciones realizadas a lo largo de 2023 sobre la planta Orión y el análisis de 117 parámetros ambientales, de los cuales 55 están contemplados por la normativa vigente. En términos generales, los valores medidos se mantuvieron dentro de los límites permitidos, salvo una medición de fósforo registrada en abril.
Sin embargo, los estudios ecotoxicológicos realizados con el organismo Daphnia magna, utilizado internacionalmente como indicador de contaminación en ambientes acuáticos, detectaron efectos de toxicidad en muestras correspondientes a noviembre y diciembre. Estas pruebas buscan evaluar el impacto biológico real de los efluentes más allá de los parámetros químicos tradicionales.
El informe también refleja diferencias de criterio entre los especialistas del propio Comité Científico. Tres de sus integrantes sostuvieron que los ensayos evidencian toxicidad en los vertidos, mientras que otro experto consideró que esos resultados no alcanzan para afirmar un incumplimiento de la normativa vigente. La discusión expone una brecha entre las herramientas científicas disponibles y los estándares regulatorios actuales, ya que muchos de los parámetros analizados todavía no están incorporados a la legislación.
La controversia por la planta de celulosa se remonta a comienzos de los años 2000, cuando su construcción en Fray Bentos generó fuertes protestas de vecinos de Gualeguaychú y derivó en un prolongado conflicto diplomático. En 2010, la Corte Internacional de Justicia determinó que Uruguay incumplió el procedimiento de consulta previsto en el Estatuto del Río Uruguay, aunque no encontró pruebas suficientes para ordenar el cierre de la planta. A partir de ese fallo se estableció el actual sistema de monitoreo conjunto administrado por la CARU.
Los datos difundidos ahora reavivan el debate sobre la eficacia de los controles ambientales. Si bien el informe no concluye que exista una infracción normativa generalizada, sí plantea interrogantes sobre la necesidad de actualizar los criterios de evaluación para incorporar indicadores biológicos capaces de detectar efectos que hoy no son contemplados por la regulación vigente.
Fuente: bioguia.com
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