Alquiler

La reforma que se pretende impulsar no benefician a quienes compran o venden viviendas y, a su vez, abre la puerta a los grandes jugadores digitales que buscan copar un mercado

El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos se sumó al rechazo nacional al proyecto impulsado por el Gobierno para eliminar la matrícula obligatoria, los honorarios mínimos y los controles profesionales. Germán Solari Lacorazza advirtió que la iniciativa pondría en riesgo la seguridad jurídica y favorecería a grandes franquicias.

El debate por la desregulación del mercado inmobiliario llegó a Entre Ríos y encontró una respuesta contundente. El presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia, Germán Solari Lacorazza, cuestionó el proyecto que prepara el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que será enviado al Congreso. La iniciativa busca eliminar la matrícula obligatoria, los honorarios de referencia, las restricciones territoriales y el poder de control de los colegios profesionales.

“Las desregulaciones totales del mercado no funcionan”, afirmó Solari Lacorazza en diálogo con APFDigital, y advirtió que la reforma pondría en riesgo la seguridad jurídica de las operaciones, debilitando las garantías para compradores y vendedores.

Argumentos del rechazo

Desde el Colegio entrerriano remarcaron que la regulación profesional constituye una garantía tanto para los matriculados como para los consumidores. “Hay idoneidad y eso implica seguridad jurídica para los clientes. Evita la posibilidad de estafas o fraudes”, señaló el dirigente.

En Entre Ríos, la actividad cuenta con un marco normativo específico, una carrera universitaria obligatoria para ejercer y organismos internos de control. “Tenemos un estatuto, un Tribunal de Ética que controla la matrícula y una formación profesional que respalda el ejercicio de la actividad”, recordó.

También defendió el sistema actual de honorarios profesionales: “Hoy existen honorarios de referencia y las personas saben cuánto deben pagar por una intermediación inmobiliaria al momento de comprar, vender o alquilar una propiedad”.

Uno de los puntos más cuestionados es la idea de que la reforma abarataría costos. “Si el proyecto busca abaratar, hay que decir que hoy cualquier persona puede vender o comprar una propiedad sin intermediación inmobiliaria. La posibilidad ya existe”, explicó Solari Lacorazza.

De hecho, subrayó que la profesión ya está desregulada en ese aspecto, porque no es obligatorio acudir a una inmobiliaria para concretar una operación.

Un problema económico de fondo

El dirigente entrerriano consideró que la propuesta oficial no resolverá los problemas actuales del mercado. “Creo que el Gobierno nacional quiere desviar el foco de atención de los graves problemas económicos que está teniendo el país. La morosidad en los alquileres atraviesa niveles que no tienen precedentes”, sostuvo.

Además, recordó que experiencias similares en otros países terminaron siendo revertidas por el aumento de juicios vinculados a fraudes y estafas. “Hubo antecedentes de modelos como el que promueve Sturzenegger y no funcionaron. Tuvieron que dar marcha atrás porque se produjo una explosión de juicios”, señaló.

Finalmente, Solari Lacorazza advirtió que detrás de la iniciativa podría existir un beneficio para grandes corporaciones que operan con franquicias y que hoy encuentran limitaciones en algunas jurisdicciones. “Este proyecto tal vez apunte a favorecer a corporaciones que contratan a un corredor para que aporte su matrícula y operan a través de ella”, expresó.

Un rechazo que se expande

De este modo, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos se sumó a los cuestionamientos que distintas entidades profesionales del país vienen expresando frente a una iniciativa que, consideran, debilita los controles sobre la actividad y reduce las garantías para los consumidores. La tensión entre el Gobierno nacional y los colegios inmobiliarios crece a medida que se acerca la presentación del proyecto en el Congreso.

Fuente: El Once


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