Siete millones de personas dependen del agua de los glaciares. Numerosas leyes protegen ese derecho humano. Aún así, el gobierno nacional y sus aliados priorizan a un puñado de multinacionales mineras. Números concretos, nombres propios y hechos irrefutables que confirman cómo el poder político decide sacrificar territorios y poblaciones. Glencore, BHP, Lundin, Río Tinto y Barrick Gold, algunas de las corporaciones beneficiadas

La reforma de la Ley de Glaciares es rechazada por todas las comunidades locales cercanas a proyectos mineros. La reforma viola el derecho humano al agua, establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, entre otros instrumentos del derecho internacional. También desconoce la Constitución que deja en manos del Estado nacional dictar los presupuestos mínimos de protección ambiental. Quienes ganan con el desguace de la ley, además de los gobernadores promineros, son las multinacionales como Glencore, BHP, Lundin, McEwen Cooper, Río Tinto y Barrick Gold, entre otras, quien impulsan proyectos extractivos en áreas protegidas por la Ley de Glaciares. Además:

• Se viola el Acuerdo de Escazú, ya que de las más de 100.000 personas inscritas a la audiencia pública, el gobierno nacional solo dejó participar a 200. Son asambleas, organizaciones, pueblos originarios, ciudadanos y ciudadanas que quisieron llevar su voz al Congreso para oponerse a la nueva ley.
• Quienes pierden son las poblaciones que ya sufren la crisis hídrica que genera los miles de litros de agua que utilizan las mineras. Pierden localidades como Andalgalá (en Catamarca), donde saben que la megaminería no es sinónimo de no es sinónimo de empleo y prosperidad. Pierden las 1.800 ciudades que verán mermado su acceso al agua. Pierden las generaciones futuras.
• Quienes hacen posible esta reforma son los partidos que votan contra el derecho al agua y de espaldas al pueblo: La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, los peronismos provinciales y legisladores de Provincias Unidas e Innovación Federal.
• Antecedente: Argentina sancionó en 2010 la Ley 26.639 de presupuestos mínimos de protección para el ambiente glaciar y periglaciar, como “reservas estratégicas de recursos hídricos”. A nivel global, estos ecosistemas reúnen el 70 por ciento de las reservas de agua dulce.
• La actual ley de glaciares prohíbe actividades que puedan afectar su condición natural o sus funciones hídricas. En particular, prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en glaciares y en zonas de ambiente periglacial (áreas con suelos congelados o saturados en hielo que actúan como regulador del recurso hídrico).
• Los glaciares de Argentina están ubicados a lo largo de 5.000 kilómetros, en la Cordillera de los Andes, presentes en doce provincias. Alimentan a 39 cuencas hídricas y a sus respectivas sub-cuencas. Son 16.968 cuerpos de hielo, que cubren una superficie de 8.484 kilómetros cuadrados.
• Del agua proveniente de los glaciares (descongelamiento) para consumo humano y para la recarga de las 39 cuencas hidrográficas dependen 1.800 localidades, en las que viven más de siete millones de personas.
• El Inventario Nacional de Glaciares en la región de los Andes Desérticos (noroeste y norte de San Juan) confirmó la reducción, entre 2014 y 2023, del 17 por ciento en hielo descubierto, la disminución del 23 por ciento en manchones de nieve, la pérdida de siete metros de agua equivalente en un glaciar monitoreado.
• Pese al deshielo provocado por el calentamiento global, el gobierno de Javier Milei y las provincias promineras (Jujuy, Salta y Catamarca, San Juan y Mendoza) impulsan la reforma de la Ley de Glaciares. De aprobarse esta modificación, se habilitarán actividades como la megaminería en esos ecosistemas.
• La reforma de la Ley deja la definición de qué es una “reserva estratégica de recursos hídricos” en manos de los gobernadores, que son al mismo tiempo aliados de las empresas mineras. Y, además, se deja al país sin criterios comunes a nivel federal.
• La modificación contradice la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano y obliga al Estado Nacional a dictar los “presupuestos mínimos” para preservarlo a nivel federal. La Ley General de Ambiente ratifica ese manejo ambiental federal y dispone el acuerdo de las provincias dentro del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). Esta ley también establece el principio de progresividad en materia ambiental.
• El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) es el organismo a cargo del monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial. Con la reforma, las autoridades provinciales podrán ordenar al Ianigla la eliminación de glaciares y periglaciares de su Inventario Nacional de Glaciares. En caso de que el organismo no lo haga, no afectará la validez de la autorización otorgada a las empresas interesadas en llevar adelante proyectos extractivos.
• También se deja en mano de las provincias los Estudios de Impacto Ambiental. Y no contempla la realización de estudios de impacto acumulativos (la suma total de los impactos sociales y ambientales).

En resúmen:

Importancia del agua
Más de 7 millones de personas en Argentina dependen del agua proveniente de los glaciares. Función estratégica de los glaciares
Son reservas clave de agua dulce (a nivel global concentran cerca del 70%) y alimentan 39 cuencas hídricas. Datos concretos en Argentina

• 16.968 glaciares
• 8.484 km² de superficie
• 1.800 localidades abastecidas

Retroceso por cambio climático
Entre 2014 y 2023 se registró:

• -17% de hielo descubierto
• -23% de nieve
• pérdida significativa de volumen de agua

Conflicto político y económico
La reforma de la Ley de Glaciares es impulsada por el gobierno nacional y provincias mineras, con beneficios para empresas como:

• Glencore
• BHP
• Lundin
• Río Tinto
• Barrick Gold

Críticas a la reforma

• Permitiría minería en zonas protegidas
• Delega control a provincias (sin criterios federales)
• Podría eliminar glaciares del inventario oficial
• Debilita controles ambientales

Impacto social

• Riesgo para el acceso al agua
• Afecta comunidades como Andalgalá
• Compromete a futuras generaciones

Cuestionamientos legales
La reforma podría violar:

• Constitución Nacional
• Acuerdo de Escazú
• Tratados internacionales sobre derechos humanos

Fuente: agenciatierraviva.com.ar

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