Justicia patriarcal. El botín es el hijo: violencia vicaria y poder político en Gualeguaychú

M atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida: enfrenta un tratamiento oncológico, un inminente desalojo y, desde hace tres semanas, la separación forzada de su hijo de siete años. La Justicia de Entre Ríos resolvió otorgar la tenencia al padre, Nicolás Mattiauda —dirigente del PRO y referente rural—, luego de que la mujer fuera acusada de incumplir con la entrega del niño por un lapso de 24 horas. El caso expone, según denuncia, una trama donde el poder político y económico se entrelaza con decisiones judiciales que terminan castigando a la madre.

“Mamá, hacé algo que quiero estar con vos”. El mensaje llega en voz baja, casi como si fuera un secreto. Lo envía S, el niño que hoy vive un desarraigo abrupto. Del otro lado, M escucha mientras se recupera de una cirugía reciente y continúa un tratamiento contra el cáncer. En medio de ese proceso, asegura haber sido víctima de una maniobra judicial que la dejó sin su hijo y al borde de perder su vivienda.

Según su testimonio, la situación se agravó tras la separación en abril de 2023. Relata amenazas vinculadas tanto a la tenencia del niño como a su estabilidad económica. Denuncia además haber sufrido violencia psicológica durante la relación, incluso durante el embarazo, y sostiene que su hija mayor también radicó denuncias por hechos similares. En paralelo, enfrenta un proceso de desalojo de la vivienda donde residía junto a su hijo.

El castigo como sentencia

El punto de inflexión fue una demora en la restitución del niño. M asegura haber informado a la Justicia las razones de ese retraso, en el marco de un año de denuncias previas por violencia psicológica y económica. Sin embargo, la respuesta judicial fue inmediata: se le quitó la tenencia y se la otorgó al padre.

“Siempre quiso sacarme al nene. La violencia fue constante y no solo la sufrí yo, también mi hija”, afirma. Asegura contar con informes profesionales que respaldan su relato, aunque en sede penal —según indica— los hechos fueron encuadrados como un “conflicto familiar”.

El caso, según especialistas, se inscribe en lo que se denomina violencia vicaria: una forma de violencia de género en la que los hijos son utilizados como medio para dañar a la mujer. En este contexto, M sostiene que su hijo manifestó síntomas físicos y miedo ante la posibilidad de convivir con su padre, situación que —afirma— no fue debidamente considerada por la Justicia.

“Pedí que lo escuche un equipo interdisciplinario. Pensé que iba a poder hablar, pero me trataron de incumplidora. La jueza se niega a escucharlo”, relata. Según su testimonio, cuenta con registros audiovisuales en los que el niño expresa angustia.

Salud, vivienda y un “intercambio” inaceptable

Durante sus viajes a Buenos Aires para continuar el tratamiento médico, la presión aumentó. Al conflicto por la tenencia se sumó el avance del proceso de desalojo. En ese contexto, M denuncia que desde la otra parte se sugirió una especie de “acuerdo”: recuperar la vivienda a cambio de restituir al niño.

“La propuesta fue un ‘plan canje’: nosotros te damos al niño, vos devolvés la casa. Como si mi hijo fuera un objeto”, sostiene. Asegura que, pese a todo, está dispuesta a entregar la propiedad, pero no a aceptar condiciones que impliquen negociar el vínculo con su hijo.

También señala que el niño habría pedido ayuda a su entorno terapéutico y presentado síntomas físicos asociados al estrés, aunque estas situaciones no habrían sido consideradas en las decisiones judiciales.

El descrédito como estrategia

M denuncia además una estrategia de desacreditación basada en su salud emocional. Según relata, durante las audiencias se intentó dejar asentado que su estado anímico era incompatible con el cuidado del niño.

“Me quieren hacer pasar por loca. No es locura, es el resultado de años de maltrato”, afirma. Se define como trabajadora desde joven y sostiene que su prioridad siempre fueron sus hijos.

Mientras tanto, el niño fue apartado de sus actividades habituales, incluyendo el club donde practicaba básquet. M continúa realizando gestiones en busca de revertir la situación, aunque asegura enfrentar obstáculos en una ciudad donde —según su percepción— el peso del apellido de su expareja incide en las decisiones.

“Esperaron un error mínimo, no escucharon a mi hijo y me lo sacaron en el peor momento. Es aterrador”, concluye.

El caso vuelve a poner en debate el funcionamiento del sistema judicial en situaciones de violencia de género y la necesidad de garantizar el derecho de niñas y niños a ser escuchados. En Gualeguaychú, la historia de M y S abre interrogantes urgentes sobre cómo se ejerce el poder cuando lo que está en juego es el vínculo más esencial.

Fuente: pagina12.com.ar

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