Imputabilidad a los 14 años: el Congreso acelera una reforma penal sin consenso social
La reforma penal juvenil se votará en un contexto de alta sensibilidad social, pero con escaso consenso técnico y político.
El proyecto de ley que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años ingresó el martes formalmente a la Cámara de Diputados y podría ser votado hoy jueves, en medio de un clima de urgencia política y fuerte controversia social.
La iniciativa, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, fue reactivada tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, un adolescente de 15 años asesinado por otros menores, hecho que conmocionó a la opinión pública.
El texto retoma el proyecto que obtuvo dictamen en mayo de 2025, pero incorpora modificaciones presupuestarias clave: el Gobierno asignó más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia, buscando evitar que la norma quede en letra muerta por falta de recursos. A diferencia de la versión anterior, que dejaba el financiamiento librado a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, esta redacción asegura partidas específicas.
El oficialismo, alineado con el discurso de “el que las hace las paga”, busca endurecer el régimen penal juvenil y terminar con la llamada “puerta giratoria”. La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, confía en recuperar el consenso legislativo, aunque sectores de la oposición denuncian un tratamiento exprés “a libro cerrado”, sin debate real ni participación ciudadana.
El proyecto descarta la reclusión perpetua y establece un máximo de 15 años de prisión para menores condenados. Para delitos menores, o sin violencia grave, se priorizarán medidas educativas, tareas comunitarias y libertad asistida. Sin embargo, el debate de fondo expone dos modelos de país: uno que apuesta a la penalización temprana como respuesta a la inseguridad, y otro que advierte sobre el riesgo de criminalizar la pobreza y profundizar la exclusión.
El Gobierno aseguró fondos millonarios para su implementación, mientras se reaviva el debate tras el crimen de Jeremías Monzón. El texto reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
Referentes opositores citan el caso de Brasil, donde la baja de la edad de imputabilidad no logró contener la violencia juvenil. Advierten que no hay evidencia empírica que demuestre que el endurecimiento penal reduce el delito, y que la problemática responde a causas estructurales como la desigualdad, la falta de oportunidades y el abandono estatal.
La reforma penal juvenil se votará en un contexto de alta sensibilidad social, pero con escaso consenso técnico y político. El apuro legislativo, la presión mediática y el uso de casos emblemáticos como disparadores del debate plantean interrogantes sobre la profundidad del análisis y el verdadero impacto de la medida.
Fuente: AHORA
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