Delito de adulto, pena de adulto: el Gobierno instala un debate que tensiona derechos y seguridad
Baja de la edad de imputabilidad: ¿El punitivismo es una trampa sin salida?
El Ejecutivo incluyó por decreto la reforma del Régimen Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias del Congreso. La iniciativa propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años y reabre una discusión histórica sobre infancia, justicia y violencia.
El 27 de enero, mediante el Decreto 53/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional amplió el temario legislativo para las sesiones extraordinarias del Congreso e incorporó el tratamiento de proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil. La decisión, anunciada horas antes en un acto en Mar del Plata, habilita el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad a partir del 2 de febrero. Con la consigna “delito de adulto, pena de adulto”, el oficialismo busca instalar como prioridad legislativa una reforma que divide aguas en la política y la sociedad argentina.
El decreto y la estrategia oficial
El Decreto 53/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Manuel Adorni, establece que el Congreso deberá considerar proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil durante las sesiones extraordinarias. El texto es breve pero contundente: habilita la discusión sobre la reducción de la edad de imputabilidad, actualmente fijada en 16 años, y abre la posibilidad de que adolescentes desde los 13 puedan ser juzgados por delitos graves.
La medida responde a la creciente presión social por mayor seguridad y al compromiso del oficialismo de endurecer las respuestas frente a delitos cometidos por menores. El Gobierno busca mostrar determinación política y alinear su discurso con sectores que reclaman “mano dura” frente a la violencia juvenil.
Reacciones y controversias
La inclusión del tema en el temario legislativo reaviva un debate histórico. Organismos de derechos humanos y especialistas en infancia advierten que bajar la edad de imputabilidad puede vulnerar garantías básicas y no resolver las causas estructurales de la violencia, como la exclusión social, la falta de oportunidades educativas y la precariedad laboral.
Por su parte, sectores afines al oficialismo sostienen que la reforma es necesaria para enfrentar delitos graves y recuperar la confianza ciudadana en la justicia. La oposición, en tanto, se prepara para dar batalla en el Congreso, señalando que la medida responde más a una estrategia política que a una solución integral.
Bajar la edad de imputabilidad puede vulnerar garantías básicas y no resolver las causas estructurales de la violencia, como la exclusión social, la falta de oportunidades educativas y la precariedad laboral.
El inicio de las sesiones extraordinarias en febrero marcará el comienzo de un debate caliente que tensiona seguridad y derechos. La decisión del Gobierno de habilitar la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad instala un tema sensible en la agenda nacional y promete abrir un nuevo capítulo en la relación entre justicia penal y juventud. El desenlace legislativo mostrará si prevalece la lógica de endurecimiento punitivo o la defensa de un enfoque integral que atienda las raíces de la violencia adolescente.
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Ghara Sapana
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