Alerta: un DNU que avanza sobre la democracia
La modificación de la Ley de Inteligencia mediante un decreto de necesidad y urgencia otorga facultades discrecionales a la SIDE para detener personas sin orden judicial. Juristas, sindicatos y organizaciones sociales advierten que se trata de un retroceso democrático que vulnera garantías constitucionales, amenaza la división de poderes y abre la puerta a la persecución y el disciplinamiento social.
La discusión sobre los alcances de los decretos de necesidad y urgencia vuelve a instalarse en la agenda política nacional. En esta ocasión, el foco está puesto en la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional mediante un DNU que otorga facultades ampliadas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida, cuestionada por juristas, organizaciones sociales y sindicatos, abre un debate profundo sobre la división de poderes, las garantías constitucionales y el impacto que puede tener en la vida cotidiana de los ciudadanos.
En diálogo con El Argentino, Fabián Peccín, prosecretario gremial de CTERA, analizó los alcances del decreto y sus implicancias. “No se dan los extremos que marca la Ley para firmar un DNU. Se está violando la división de poderes y el debido proceso”, señaló. El dirigente explicó que el decreto habilita a la SIDE a detener personas sin orden judicial, lo que vulnera los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional.
Para Peccín, la medida se interpreta como una acción de persecución y amedrentamiento. “En un contexto de crisis y ajuste, otorgar facultades discrecionales a la inteligencia estatal es un mensaje de disciplinamiento. Se busca instalar el miedo y limitar la protesta social”, reflexionó.
“En un contexto de crisis y ajuste, otorgar facultades discrecionales a la inteligencia estatal es un mensaje de disciplinamiento. Se busca instalar el miedo y limitar la protesta social”
La ampliación de facultades a la SIDE implica un desconocimiento de la división de poderes y obvia el debate parlamentario. “Las cuestiones de inteligencia deben discutirse en el Congreso, órgano democrático por excelencia. Este decreto vulnera los procedimientos constitucionales”, agregó.
El impacto preocupa especialmente a los sindicatos. “No solamente afecta a los gremios docentes, sino a todos los sindicatos. Es una amenaza latente para cualquier actividad o propuesta que llevemos adelante”, advirtió Peccín. La discrecionalidad de la inteligencia estatal podría restringir la libertad sindical y el derecho a la protesta.
Desde CTERA, la postura es contundente: “Repudiamos enérgicamente el DNU que modifica la Ley de Inteligencia. Es inconstitucional y antidemocrático. Exigimos su inmediata derogación”, expresó Peccín.
En tiempos de crisis económica y social, la ampliación de facultades a la inteligencia estatal no aparece como una respuesta a las necesidades urgentes de la población, sino como un mecanismo de control y disciplinamiento. La voz de CTERA refleja la alarma de un sector que advierte sobre el riesgo de que las libertades individuales y colectivas se vean seriamente comprometidas. (Con información de El Argentino)
