e_1768127420_3032

La modificación de la Ley de Inteligencia mediante un decreto de necesidad y urgencia otorga facultades discrecionales a la SIDE para detener personas sin orden judicial. Juristas, sindicatos y organizaciones sociales advierten que se trata de un retroceso democrático que vulnera garantías constitucionales, amenaza la división de poderes y abre la puerta a la persecución y el disciplinamiento social.

La discusión sobre los alcances de los decretos de necesidad y urgencia vuelve a instalarse en la agenda política nacional. En esta ocasión, el foco está puesto en la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional mediante un DNU que otorga facultades ampliadas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida, cuestionada por juristas, organizaciones sociales y sindicatos, abre un debate profundo sobre la división de poderes, las garantías constitucionales y el impacto que puede tener en la vida cotidiana de los ciudadanos.

En diálogo con El Argentino, Fabián Peccín, prosecretario gremial de CTERA, analizó los alcances del decreto y sus implicancias. “No se dan los extremos que marca la Ley para firmar un DNU. Se está violando la división de poderes y el debido proceso”, señaló. El dirigente explicó que el decreto habilita a la SIDE a detener personas sin orden judicial, lo que vulnera los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional.

Para Peccín, la medida se interpreta como una acción de persecución y amedrentamiento. “En un contexto de crisis y ajuste, otorgar facultades discrecionales a la inteligencia estatal es un mensaje de disciplinamiento. Se busca instalar el miedo y limitar la protesta social”, reflexionó.

En un contexto de crisis y ajuste, otorgar facultades discrecionales a la inteligencia estatal es un mensaje de disciplinamiento. Se busca instalar el miedo y limitar la protesta social”

La ampliación de facultades a la SIDE implica un desconocimiento de la división de poderes y obvia el debate parlamentario. “Las cuestiones de inteligencia deben discutirse en el Congreso, órgano democrático por excelencia. Este decreto vulnera los procedimientos constitucionales”, agregó.

El impacto preocupa especialmente a los sindicatos. “No solamente afecta a los gremios docentes, sino a todos los sindicatos. Es una amenaza latente para cualquier actividad o propuesta que llevemos adelante”, advirtió Peccín. La discrecionalidad de la inteligencia estatal podría restringir la libertad sindical y el derecho a la protesta.

Desde CTERA, la postura es contundente: “Repudiamos enérgicamente el DNU que modifica la Ley de Inteligencia. Es inconstitucional y antidemocrático. Exigimos su inmediata derogación”, expresó Peccín.

En tiempos de crisis económica y social, la ampliación de facultades a la inteligencia estatal no aparece como una respuesta a las necesidades urgentes de la población, sino como un mecanismo de control y disciplinamiento. La voz de CTERA refleja la alarma de un sector que advierte sobre el riesgo de que las libertades individuales y colectivas se vean seriamente comprometidas. (Con información de El Argentino)

¿Querés salir en este espacio?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *