¿Orden institucional o retroceso en derechos?
El Gobierno anunció este martes que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de existir como organismo independiente y que todas sus funciones pasarán a estar bajo la órbita del Ministerio de Salud
El cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su traspaso al Ministerio de Salud, anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni en la última conferencia de prensa del año, plantea una pregunta urgente: ¿se trata de una reorganización eficiente o de un retroceso en el enfoque de derechos?
La medida, presentada como parte de una política de transparencia y austeridad, llega en medio de un escándalo por presuntas irregularidades en la gestión de ANDIS, con audios que involucran a su exdirector Diego Spagnuolo y señalamientos hacia Karina Milei y otros funcionarios. El Gobierno asegura que la transformación no implicará recortes en pensiones ni prestaciones, aunque sí se eliminarán 16 cargos políticos y se reducirá en un 46% la estructura jerárquica del organismo.
Sin embargo, el anuncio genera preocupación en organizaciones y referentes del sector. La discapacidad no puede ser abordada únicamente desde una perspectiva sanitaria. El modelo social y de derechos humanos, asumido por Argentina desde 2008 al adherir a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, exige políticas integrales que contemplen educación, trabajo, vivienda, accesibilidad y participación comunitaria.
La absorción por Salud incluye auditorías permanentes y criterios sanitarios en la administración de políticas, pero deja fuera la articulación transversal que garantizaba ANDIS. Además, el traspaso se da en un contexto de confusión pública, donde se asocia el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con supuestos abusos, estigmatizando a personas y familias que acceden a derechos básicos.
El organismo que viene siendo el centro del foco por denuncias de coimas e irregularidades, tendrá su cierre. La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la última conferencia de prensa del 2025.
En cuanto a las pensiones, el Gobierno afirma que no habrá recortes, pero sí se mantendrán los requisitos vigentes: incapacidad laboral total y permanente, no tener ingresos ni familiares con obligación legal de manutención, y no estar registrado como trabajador. Quienes no cumplan con estas condiciones podrían perder el beneficio.
La ANDIS, creada en 2017 para coordinar políticas públicas en discapacidad, había unificado funciones de organismos previos y representaba un espacio de articulación estatal. Su cierre, más allá de las denuncias que deben investigarse con rigor, plantea un dilema de fondo: ¿puede la discapacidad ser reducida a una cuestión de salud?
La respuesta, para muchas organizaciones, es clara: no. El riesgo de volver a un enfoque médico, centrado en diagnósticos y prestaciones aisladas, implica desconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Y eso, más que eficiencia, es un retroceso.
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