ASDRA rechaza el traspaso de Discapacidad al Ministerio de Salud
La asociación cuestiona el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y advierte sobre el riesgo de retroceder hacia un enfoque médico, alejándose del modelo social y de derechos humanos.
La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) expresó su rechazo al anuncio del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Salud. La entidad señaló que, si bien el Estado puede reorganizar sus estructuras, estas decisiones deben comunicarse con claridad, transparencia y en concordancia con la legislación nacional e internacional vigente en materia de discapacidad.
El modo en que se dio a conocer la medida —a un día de finalizar el año— generó conmoción e incertidumbre en la comunidad. ASDRA advirtió que reducir la discapacidad a una única área del Estado desconoce la necesidad de políticas integrales que contemplen educación, trabajo, vivienda, accesibilidad, participación comunitaria y salud. Recordaron que Argentina asumió este compromiso en 2008 al adherir a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La organización consideró “especialmente grave” retroceder hacia un enfoque médico de la discapacidad, del que costó décadas salir. “Volver a concebir la discapacidad únicamente desde la salud desconoce a las personas como sujetos de derechos y debilita la responsabilidad del Estado de garantizar apoyos integrales para la plena inclusión”, remarcaron.
Asimismo, alertaron que quitar a la discapacidad de un ámbito de articulación transversal implica un retroceso que se traduce en políticas insuficientes o en su ausencia. Por ello, manifestaron el malestar de la comunidad y reiteraron la necesidad de políticas públicas integrales, sostenidas y basadas en derechos.
Finalmente, ASDRA cuestionó el mensaje público que asocia la existencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) con supuestos abusos. La entidad aclaró que el CUD no implica el cobro de dinero, sino el acceso a prestaciones y apoyos. “La confusión con las pensiones, que solo percibe un porcentaje mínimo de quienes tienen CUD, estigmatiza injustamente a personas con discapacidad y familias”, subrayaron.
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