Entre Ríos aún sin Ley Yolanda: presentan otro proyecto tras años de demora
Ley Yolanda: formación integral en ambiente a funcionarios argentinos
A cinco años de la sanción nacional de la Ley Yolanda, la provincia vuelve a discutir su adhesión. Un diputado libertario y otro justicialista impulsan un nuevo proyecto para capacitar en ambiente a los funcionarios públicos, mientras el expediente anterior duerme en archivo. La iniciativa reabre el debate sobre la falta de políticas ambientales sostenidas en un territorio atravesado por conflictos hídricos, productivos y de biodiversidad.
La Legislatura entrerriana volvió a poner sobre la mesa un tema que lleva años de postergaciones: la adhesión a la Ley Yolanda, la norma nacional que obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarse en materia ambiental. Los diputados Carlos Alberto Damasco, de La Libertad Entre Ríos, y Sergio Castrillón, del bloque justicialista, presentaron un proyecto conjunto para que la provincia finalmente adopte la Ley 27.592, sancionada en 2020 como homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano del país y pionera en la gestión ambiental latinoamericana.
El texto recuerda que la Ley nacional establece la formación obligatoria para quienes diseñan, ejecutan o controlan políticas públicas, y propone crear un Programa Provincial de Educación Ambiental que abarque desarrollo sostenible, cambio climático, economía circular, biodiversidad, gestión de residuos y recursos naturales. Para Damasco, la capacitación es indispensable en un contexto donde los desafíos ambientales se profundizan y donde Entre Ríos, con su riqueza hídrica y su matriz agroindustrial, necesita agentes públicos preparados para actuar con criterios de sostenibilidad.
El legislador también subrayó el valor simbólico de la figura de Yolanda Ortiz, quien en los años setenta introdujo una mirada integral sobre la relación entre sociedad y naturaleza, anticipándose a debates que hoy son urgentes. Sin embargo, la provincia llega tarde a esa discusión: ya existía un expediente previo impulsado por Castrillón, pero terminó archivado sin tratamiento, un síntoma de la falta de continuidad en las políticas ambientales.
El nuevo proyecto invita a municipios y comunas a sumarse, con la intención de extender la formación a todo el territorio. La propuesta busca instalar una cultura institucional que mejore la transparencia, prevenga daños y fortalezca el cumplimiento de la normativa ambiental, aunque la adhesión provincial —si finalmente se concreta— llegará después de años de inacción en un área donde Entre Ríos acumula conflictos y demandas sociales.
La historia de Yolanda Ortiz, nacida en Tucumán en 1925, atraviesa toda la iniciativa. Química, toxicóloga y referente en la defensa del ambiente, fue la primera mujer en ocupar un cargo de gestión ambiental en América Latina. Su legado inspiró la ley nacional que hoy la provincia intenta, una vez más, incorporar. El desafío será que esta vez el debate no vuelva a quedar en el archivo.
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