La nación insular dio un paso inédito al convertirse en el primer país del mundo en prohibir por ley el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La medida obliga a las plataformas a bloquear cuentas existentes y a impedir nuevas registraciones de usuarios en esa franja etaria. Se trata de una norma considerada histórica, que desplaza la responsabilidad hacia las empresas tecnológicas y ya genera debate internacional.

Una ley pionera que apunta directamente a las plataformas

La legislación, aprobada en noviembre de 2024, exige que las compañías implementen sistemas eficaces de verificación de edad para evitar que menores utilicen sus servicios. En caso de incumplir, las plataformas podrían enfrentar multas que alcanzan los 49,5 millones de dólares australianos, un monto que obliga a reforzar controles y mecanismos de supervisión internos.

El proyecto surgió en medio de una creciente alarma mundial por los efectos del uso intensivo y sin regulación de redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes. Los estudios incorporados al debate parlamentario describieron impactos significativos en la autoestima, el estado de ánimo y el bienestar emocional, especialmente entre los 14 y los 16 años.

Un giro en la forma de regular el ecosistema digital

La nueva norma marca un cambio de paradigma: por primera vez, la responsabilidad de verificar la edad no recae en el usuario, sino en las propias empresas. El Estado, de este modo, redefine el vínculo entre tecnología y menores al exigir garantías concretas para mantenerlos fuera de plataformas que pueden resultar perjudiciales.

El enfoque parte de un diagnóstico claro: los adolescentes no siempre pueden autorregular su consumo digital, y las dinámicas de recompensa, competencia y exposición propias de las redes los vuelven más vulnerables.

Por qué el límite quedó fijado en los 16 años

El umbral etario se estableció a partir de investigaciones que identifican mayor impacto emocional y psicológico entre los 14 y los 16 años. En esa etapa se observan con más frecuencia fluctuaciones anímicas, miedos, problemas de autoestima e incluso señales tempranas asociadas a cuadros depresivos. También aparece la anhedonia: la pérdida de interés en actividades fuera del entorno digital, según publicó Ámbito.

Aunque la ley coloca el foco en las empresas, las escuelas y los hogares siguen siendo actores claves. En ámbitos educativos se relevaron casos de estudiantes que pasaban entre cinco y seis horas diarias en redes sociales, lo que impulsó la adopción de estrategias de regulación, más actividad física y prácticas de desconexión.

Una herramienta para las familias en un entorno cada vez más invasivo

Los defensores de la normativa sostienen que, del mismo modo que ocurre con la regulación de alimentos ultraprocesados o productos nocivos, el Estado debe intervenir cuando existen riesgos concretos para la salud. Aun cuando reconocen que habrá intentos de esquivar los controles, remarcan que la ley ofrece un marco real para que las familias puedan proteger a sus hijos en un ecosistema digital cada vez más demandante y omnipresente.

Fuente: https://www.apfdigital.com.ar/

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