Entre Ríos debate sanciones a familias que no acompañen en casos de bullying y ciberacoso

Un proyecto ingresado en la Cámara de Diputados propone un protocolo único obligatorio y medidas educativas, restaurativas y económicas para padres que no colaboren en la prevención o intervención ante situaciones de acoso escolar.

Un proyecto presentado por la diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) busca establecer un marco legal integral para prevenir, detectar y abordar el acoso escolar y el ciberacoso en la provincia. La iniciativa incorpora la corresponsabilidad familiar y apunta a que madres, padres o tutores se involucren activamente en los procesos institucionales cuando sus hijos o hijas sean identificados como agresores.

Protocolo único y régimen de sanciones

El texto propone la creación de un Protocolo Único de Actuación, de cumplimiento obligatorio en todas las escuelas entrerrianas, para garantizar intervenciones homogéneas, resguardo de las víctimas y participación sistemática de las familias. Además, plantea un régimen de medidas y sanciones para los casos en los que los adultos responsables no colaboren de manera reiterada o injustificada con las acciones definidas por las instituciones educativas y la autoridad de aplicación.

El esquema sancionatorio se estructura de manera gradual, priorizando medidas educativas y restaurativas. Incluye apercibimientos formales, talleres obligatorios de parentalidad y convivencia, y actividades comunitarias. La multa económica, prevista como último recurso, podrá ascender hasta 2,1 millones de pesos, siguiendo el antecedente de la provincia de Mendoza.

Prevención, equidad y debido proceso

Lena fundamentó la iniciativa en la necesidad de actualizar y fortalecer las herramientas de abordaje. Señaló que, pese a los avances provinciales en materia de bullying, persisten vacíos vinculados al rol de las familias, la dimensión digital y los mecanismos de intervención integral. “Garantizar ambientes educativos libres de violencia es una urgencia para proteger derechos y trayectorias de niños, niñas y adolescentes”, sostuvo.

El proyecto contempla medidas alternativas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, como la sustitución total o parcial de multas por trabajo comunitario o la participación en programas de formación obligatoria, con el fin de evitar que la herramienta sancionatoria profundice desigualdades.

Asimismo, establece el debido proceso administrativo: notificación formal, instancia de descargo y posibilidad de recurrir las resoluciones. En caso de aprobación, el nuevo marco normativo obligaría a todas las instituciones educativas de Entre Ríos a implementar protocolos estandarizados y garantizar la intervención coordinada del Estado, la comunidad escolar y las familias para enfrentar el acoso escolar y el ciberacoso.