Soberanía en jaque: Blanca Osuna denunció la entrega del río Paraná y alertó por el impacto en las costas entrerrianas

La diputada nacional fundamentó una cuestión de privilegio contra la privatización de la Vía Navegable Troncal por 25 años. Denunció graves irregularidades de la PIA, conflictos de intereses y criticó la pasividad del gobernador Rogelio Frigerio ante la eliminación del control provincial.

La entrega de los recursos estratégicos de la región sumó un capítulo alarmante. La diputada nacional entrerriana Blanca Osuna presentó un documento titulado “Nuestro río, nuestra historia, nuestra lucha” para fundamentar una cuestión de privilegio contra la reciente decisión del Gobierno nacional de privatizar la Vía Navegable Troncal del río Paraná por un plazo de 25 años. La concesión, otorgada el pasado 20 de junio al consorcio Jan De Nul – ServiMagnus, fue calificada por la legisladora como “la entrega de un bien común clave a corporaciones y capitales extranjeros”.

Osuna denunció que el proceso estuvo plagado de irregularidades institucionales. Entre ellas, destacó el dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que en mayo advirtió anomalías graves que podrían derivar en consecuencias penales. La licitación avanzó sin una Evaluación de Impacto Ambiental Integral —exigida por la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú—, restringiendo además el derecho de impugnación. Asimismo, la diputada expuso un claro conflicto de intereses: la intervención de Francisco Mansanta, funcionario de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que adjudicó directamente el dragado de ese río a Jan De Nul, mientras integraba simultáneamente la Comisión de Evaluación para la licitación del Paraná.

El impacto ambiental es otro de los ejes críticos. Llevar la profundización del dragado de 34 a 44 pies alterará drásticamente la dinámica hídrica, acelerando la erosión de las costas y poniendo en riesgo la biodiversidad, los humedales y el Acuífero Guaraní. Especialistas y comunidades ribereñas ya alertan sobre la amenaza que esto representa para el acceso al agua potable.

Por otra parte, Osuna cuestionó la disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina) mediante el Decreto 699/24, una medida que borró de un plumazo la participación de Entre Ríos y las provincias del litoral. En este punto, apuntó directo contra el gobernador Rogelio Frigerio por su “ausencia de compromiso en la defensa real de los intereses locales”.

Para rescatar la memoria federal de la provincia, la exintendenta de Paraná recordó hitos como la construcción del Túnel Subfluvial en los años 60, la histórica Ley de Libertad de los Ríos de 1997 que frenó el proyecto del Paraná Medio, y el PIECAS-DP de 2008 para la conservación del Delta, hoy abandonado por las gestiones de Milei, Frigerio y Pullaro. Finalmente, defendió su proyecto de ley para crear una Comisión Administradora interjurisdiccional. “Delegar el control estatal es resignar capacidad de decisión sobre nuestros recursos. El río Paraná no es mercancía”, concluyó.

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