Dos exgendarmes fueron condenados por secuestros y torturas en Concepción del Uruguay, pero seguirán libres hasta que la sentencia quede firme. En Entre Ríos ya se dictaron al menos 29 condenas por delitos de lesa humanidad, aunque aún existen 50 causas pendientes.

Dos gendarmes retirados, uno de Gualeguaychú, fueron condenados por secuestros y torturas cometidos durante la dictadura. El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay sentenció a diez años de prisión a Roberto Oscar Caserotto y Néstor Gómez del Junco, ex integrantes de Gendarmería Nacional, por delitos contra militantes comunistas. 

“Ya no quedan dudas”: la justicia confirmó secuestros y torturas en Entre Ríos

Radio Inclusión dialogó con Darío Barón, Director de Derechos Humanos de la Municipalidad y referente de las políticas de memoria en Concepción del Uruguay, valoró el fallo como “sumamente positivo porque ratifica el testimonio de los sobrevivientes. A partir de esta sentencia, ya no quedan dudas sobre los hechos: la justicia confirmó que existieron secuestros y torturas dentro de un plan sistemático. Esto encuadra perfectamente en el accionar del terrorismo de Estado, clasificando a estos delitos como de lesa humanidad”.

El impacto en la región es inevitable. “Es complejo medir con certeza ese impacto social, sobre todo porque de Gualeguaychú también era una de las víctimas, Carlos Stur. Lo que sí es seguro es que a Stur lo seguirán recordando sus camaradas y amigos como un hombre íntegro. En cambio, el nombre de Roberto Caserotto quedará asociado para siempre a su condena por secuestrar y torturar”, señaló Barón.

Violencias sufridas por niños y niñas en operativos

Uno de los aspectos más relevantes del fallo fue el reconocimiento de las violencias sufridas por niños y niñas durante los operativos. “Esta consideración marca un hito fundamental, ya que transforma a las infancias de simples testigos pasivos o víctimas colaterales en víctimas directas y blancos específicos de la represión. Así quedó demostrado en los casos de la casa de la familia Montesino y en el balneario Banco Pelay. Son daños graves que, por lo tanto, deben ser reparados por el Estado”, subrayó.

50 causas pendientes 

En paralelo, el municipio impulsa políticas de memoria que buscan sostener la presencia de estos hechos en la agenda pública. “Solicitamos los legajos de las víctimas locales al Archivo Nacional de la Memoria para armar una muestra que luego se convirtió en libro. Con el tiempo, diversificamos los soportes y hoy toda esa información está disponible en el Mapa de la Memoria Uruguayense, una plataforma digital interactiva”, explicó Barón.

La articulación con organizaciones civiles, como AGMER, ha sido clave para garantizar territorialidad y continuidad. “En el contexto actual, donde los recursos nacionales y provinciales se desvanecen, la articulación con estas entidades resulta indispensable”, agregó.

El rol del municipio en los juicios también se ha profundizado. “Hoy los dispositivos de acompañamiento técnico a los testigos-víctimas dependen de nosotros. Incluso, en este último debate, el tribunal nos delegó la tarea de realizar las notificaciones judiciales a las víctimas y nos encomendó la señalización física de los centros clandestinos de detención”, detalló.

“El Poder Judicial suele responder al clima de época, aunque siempre existen excepciones notables. Actualmente mantenemos las expectativas altas gracias al riguroso trabajo de la fiscalía federal, lo cual nos permite ser optimistas. Esperamos que todos los operadores de la justicia estén a la altura y no sigan dilatando las causas. Maniobras como las que utilizaron Caserotto y Gómez del Junco, quienes viajaron por el mundo pero argumentaban no poder asistir a los tribunales de Concepción del Uruguay, no se pueden volver a repetir”, respondió Barón.

El fallo contra Caserotto y Gómez del Junco confirma lo que las víctimas denunciaron durante décadas: los secuestros, las torturas y el accionar sistemático del terrorismo de Estado.

En Entre Ríos, donde ya se dictaron casi treinta condenas por delitos de lesa humanidad, los procesos pendientes siguen siendo una deuda. La memoria, sostenida por sobrevivientes, familiares y organizaciones, se convierte en la herramienta más poderosa para evitar que la impunidad se instale nuevamente.

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