Bolivia: Paz promulga la ley del estado de excepción

En medio de las protestas que ya llevan 39 días y con más de 90 bloqueos activos, el presidente Rodrigo Paz promulgó la norma que regula el estado de excepción. La medida busca dotar al Ejecutivo de herramientas para preservar el orden constitucional, pero genera críticas por el contexto de conflictividad social y la falta de diálogo.

La Casa Grande del Pueblo fue escenario este lunes de la promulgación de la ley que regula el estado de excepción en Bolivia. El presidente Rodrigo Paz defendió la iniciativa como un instrumento “para garantizar la seguridad y preservar el orden constitucional frente a la actual crisis”, en un país atravesado por bloqueos de carreteras y protestas que reclaman su renuncia.

La norma, aprobada por ambas cámaras del Congreso, define el estado de excepción como un régimen jurídico extraordinario y temporal, dispuesto por el Presidente del Estado, destinado a preservar la seguridad nacional frente a situaciones excepcionales.

Un contexto de alta tensión

El anuncio se produjo cuando la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas mantienen un paro indefinido y 93 cortes de ruta, principalmente en Cochabamba y La Paz. Lo que comenzó como reclamos sectoriales derivó en una exigencia política: la renuncia de Paz, que lleva apenas siete meses en el poder.

En su discurso, el mandatario aseguró que la norma busca “defender a las grandes mayorías de aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático y constitucional”. También vinculó la crisis con el “narcoterrorismo”, al que acusó de priorizar intereses por encima de la sociedad.

Miradas críticas

Sectores opositores y organizaciones sociales cuestionan la promulgación de la ley en medio de un clima de conflictividad. Señalan que, lejos de abrir canales de diálogo, el recurso al estado de excepción puede profundizar la confrontación y habilitar restricciones a derechos y libertades.

Analistas recuerdan que en otros países de la región, medidas similares terminaron siendo utilizadas para justificar la represión de protestas y limitar la participación política. En Bolivia, la crítica apunta a que el Ejecutivo busca reforzar su poder en lugar de atender las demandas sociales que dieron origen al conflicto.

La promulgación de la ley marca un nuevo capítulo en la crisis boliviana. Mientras el Gobierno insiste en que necesita instrumentos para garantizar la seguridad, los sectores movilizados mantienen los bloqueos y radicalizan su postura. El desenlace dependerá de si la norma se convierte en un mecanismo de control institucional o en un factor que agrave la tensión social

Fuente: Noticias Argentinas