“Buenas prácticas para enfermar: la ley que protege al veneno”

El proyecto de ley impulsado por Atilio Benedetti para regular el uso de “fitosanitarios” genera fuerte rechazo en Entre Ríos: organizaciones socioambientales denuncian que habilita fumigaciones a solo 10 metros de zonas sensibles, poniendo en riesgo la salud y los territorios.

Una iniciativa que reactiva el conflicto ambiental

El diputado nacional Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), junto a Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos “fitosanitarios” en todo el país. La iniciativa, elaborada junto a la Red de Buenas Prácticas Agrícolas (RedBPA), busca unificar criterios provinciales y dar “previsibilidad” al sector agroindustrial.

Sin embargo, el texto establece distancias mínimas de apenas 10 metros desde áreas sensibles para aplicaciones terrestres y con drones, y de 45 metros para las aéreas. Esta propuesta contradice fallos judiciales previos y estudios científicos que recomiendan distancias mucho mayores para proteger a las comunidades rurales, escuelas, cursos de agua y zonas habitadas.

Rechazo desde la Red Ecosocialista

La Red Ecosocialista de Entre Ríos, junto a referentes ambientales y sociales, cuestionó duramente el proyecto. La dirigente Nadia Burgos advirtió que se trata de “una iniciativa que garantiza ganancias al agronegocio a costa de la destrucción de nuestros territorios y de nuestra salud”. Además, denunció que el texto legaliza prácticas que ya han sido condenadas por la justicia entrerriana, como las fumigaciones cercanas a escuelas rurales.

Desde el colectivo “Paren de Fumigarnos” y otras asambleas socioambientales, se alertó que el proyecto representa un retroceso en materia de derechos ambientales, al priorizar la rentabilidad del modelo agroexportador por sobre la salud pública y la biodiversidad.

El modelo en disputa

El proyecto de Benedetti se presenta como una “apuesta estratégica” para el futuro del sistema agroalimentario argentino, según sus impulsores. Declara de interés nacional la adopción de buenas prácticas en el uso de fitosanitarios, la investigación y el manejo integrado de plagas. También propone capacitaciones obligatorias y control técnico de los actores involucrados.

No obstante, para los sectores críticos, esta narrativa encubre una legalización de prácticas nocivas. “No es una protección, es una habilitación para seguir enfermando”, señalaron desde los pueblos fumigados. En Entre Ríos, donde el conflicto por las fumigaciones escolares ha sido emblemático, la propuesta reactiva tensiones entre el poder político, el agronegocio y las comunidades rurales.

La discusión sobre el proyecto de ley para regular los “fitosanitarios” no es técnica ni neutral: es profundamente política. En Entre Ríos, donde la defensa del ambiente ha sido bandera de múltiples luchas, el intento de legalizar fumigaciones a 10 metros de zonas sensibles es leído como una amenaza directa. Las organizaciones socioambientales exigen que se escuche a las comunidades, se respete la evidencia científica y se priorice la salud colectiva por sobre los intereses del agronegocio.