Alerta en Entre Ríos: el avance de una cocaína rebajada golpea a los barrios

cocaina

El consumo de sustancias de baja calidad y alta toxicidad en los barrios de la provincia genera una creciente preocupación en las redes de acompañamiento comunitario

Organizaciones comunitarias advierten sobre el consumo creciente de una sustancia de bajo costo y alta toxicidad, similar al paco, que afecta a jóvenes vulnerables y expone las falencias en la aplicación de la Ley de Salud Mental.

El consumo de drogas de baja calidad y fuerte impacto en la salud física y psíquica se expande en los barrios de Entre Ríos, generando alarma en las redes de acompañamiento comunitario. Aunque no existen estadísticas oficiales, los registros de los Centros de Acompañamiento Comunitario (CAC) muestran un deterioro acelerado en jóvenes que recurren a estas sustancias en un contexto marcado por la crisis económica y la falta de recursos para implementar políticas de prevención.

Aunque no existen estadísticas oficiales, los registros de los Centros de Acompañamiento Comunitario (CAC) muestran un deterioro acelerado en jóvenes que recurren a estas sustancias

Sandra Cislaghi, creadora de la Fundación Crescer e integrante de la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos, analizó la situación en diálogo con APFDigital. Señaló que la sustancia que circula es conocida como “crack”, aunque en realidad se trata de una cocaína rebajada y cortada con elementos dañinos como bicarbonato o virulana. “Es un consumo compulsivo y efímero, que genera dependencia diaria y un impacto devastador en el organismo”, explicó. El bajo costo —entre 2000 y 3000 pesos por dosis— facilita el acceso, pero acelera la adicción.

Un circuito de alto impacto social

El fenómeno no solo afecta la salud individual, sino que desborda las estructuras familiares y comunitarias. Muchas familias, sin herramientas ni espacios de contención, terminan expulsando a los jóvenes, que pasan a engrosar los índices de personas en situación de calle. “Se genera una convivencia social dañina, producto de que no le damos prioridad a la salud mental”, advirtió Cislaghi.

La problemática se vincula directamente con la discusión sobre la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada hace 15 años. Cislaghi defendió el cambio de paradigma que la norma introdujo, al dejar de criminalizar a los usuarios y reconocerlos como sujetos de derecho dentro del sistema de salud. Sin embargo, señaló que la falta de presupuesto y la burocracia han obstaculizado su aplicación efectiva. “Una ley sin presupuesto es una ley vacía. Nunca se alcanzó el 10% que debería destinarse a salud mental”, remarcó.

Es un consumo compulsivo y efímero, que genera dependencia diaria y un impacto devastador en el organismo”

En este contexto, las propuestas que buscan centralizar las internaciones bajo la firma exclusiva de un psiquiatra son vistas como un retroceso hacia lógicas de encierro y estigmatización. “La salud mental debe mirarse desde la integralidad y la construcción del bienestar social. Si no está mirada desde la transversalidad, vamos a seguir fracasando”, sostuvo.

La crisis económica y social agrava el escenario. El avance de los mercados informales en los barrios más vulnerables facilita la proliferación de drogas de bajo costo, mientras el narcomenudeo se convierte en una salida laboral para sectores sin alternativas. “La crisis se cuela en el sistema familiar, desorganiza y empuja a muchos jóvenes hacia consumos problemáticos. El crack es un rejunte que refleja esa realidad”, concluyó Cislaghi.

La advertencia de las organizaciones comunitarias y referentes de salud mental expone la urgencia de una respuesta integral del Estado, que combine prevención, asistencia y políticas sociales sostenidas para enfrentar un fenómeno que amenaza con profundizar la exclusión y el deterioro de la convivencia en los barrios entrerrianos.

Fuente: APFDigital


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