Retenciones cero hasta octubre: alivio para pocos, ajuste para muchos

La suspensión de retenciones hasta octubre beneficia a grandes exportadores en plena campaña electoral, mientras excluye a pequeños productores y profundiza el ajuste sobre sectores sociales esenciales. Una medida que revela privilegios fiscales para unos pocos y desamparo para la mayoría.

El Decreto 685/2025, que suspende las retenciones a las exportaciones agropecuarias hasta el 31 de octubre, cinco días después de las elecciones legislativas, generó reacciones dispares en el sector rural y en la sociedad. 

Mientras los grandes exportadores celebran, los pequeños productores y sectores sociales golpeados por el ajuste observan con preocupación una medida que parece diseñada para beneficiar a unos pocos en un contexto de urgencias electorales.

Esta suspensión de retenciones a las exportaciones agropecuarias hasta el 31 de octubre, decretada por el Gobierno nacional, se presenta como una medida de alivio fiscal en medio de la campaña electoral. Sin embargo, su alcance real y sus beneficiarios revelan una lógica desigual: mientras los grandes exportadores celebran la posibilidad de liquidar divisas sin tributar, los pequeños y medianos productores quedan al margen, sin capacidad de especulación ni respaldo financiero. 

Al mismo tiempo, sectores sociales esenciales —como la discapacidad, la docencia, la salud pública y el trabajo en general — enfrentan recortes presupuestarios y desfinanciamiento. En este contexto, la política de retenciones cero aparece menos como una herramienta de desarrollo y más como una estrategia de privilegio para pocos, sostenida por el ajuste sobre muchos.

La medida se presenta como una medida de alivio fiscal en medio de la campaña electoral. Sin embargo, su alcance real y sus beneficiarios revelan una lógica desigual

¿Por qué hasta octubre?

La temporalidad de la medida no es casual. En plena campaña, el Gobierno busca mostrar dinamismo económico y estimular la liquidación de divisas para contener la presión cambiaria. Sin embargo, el calendario revela una intención política: la suspensión de retenciones se extiende justo hasta después de los comicios, lo que permite mostrar resultados sin asumir el costo fiscal a largo plazo.

La estrategia se inscribe en un marco de ajuste estructural que afecta a sectores sensibles. Mientras se eliminan impuestos a los grandes exportadores, se recortan partidas en salud, educación, discapacidad y cultura. El contraste entre los beneficios otorgados al agroexportador y los recortes en áreas sociales esenciales genera malestar en amplios sectores de la población.

¿Quiénes festejan?

La medida favorece principalmente a cinco grandes cerealeras que concentran la capacidad de exportación y especulación. Estas empresas pueden retener granos, esperar el momento más conveniente y aprovechar el beneficio fiscal. En cambio, los pequeños y medianos productores, que ya vendieron su cosecha en junio para cubrir costos, quedan al margen del beneficio.

Desde la Federación Agraria y otras entidades rurales se advierte que “la medida no alcanza al productor chico, que no tiene espalda financiera para especular”. En Entre Ríos, donde la producción familiar y cooperativa sostiene economías locales, la decisión se percibe como una señal de privilegio para los grandes jugadores del mercado.

¿Quiénes quedan afuera?

El costo fiscal estimado de la medida ronda entre 1.000 y 1.800 millones de dólares. Ese dinero que el Estado deja de percibir podría haberse destinado a fortalecer políticas públicas en áreas críticas. En paralelo, se anuncian recortes en programas de discapacidad, se ajustan partidas para el Hospital Garrahan, se congelan salarios docentes y se debilita el financiamiento a sectores culturales y científicos.

La desigualdad se profundiza: mientras algunos pocos sectores reciben beneficios extraordinarios, otros -la mayoría- enfrentan el desfinanciamiento de derechos básicos. 

En Gualeguaychú y otras localidades de Entre Ríos, donde el trabajo genuino y la producción local enfrentan desafíos estructurales, la medida se vive como una nueva forma de exclusión.

La política de retenciones cero no es neutra. Beneficia a quienes tienen capacidad de especulación y concentración económica, mientras deja afuera a quienes sostienen el entramado productivo y social del país. 

En tiempos de crisis, las decisiones fiscales deberían priorizar la equidad y el fortalecimiento de los sectores más vulnerables. Pero en este caso, el alivio parece diseñado para pocos, y el ajuste, para muchos. Nada que celebrar.

En Gualeguaychú y otras localidades de Entre Ríos, donde el trabajo genuino y la producción local enfrentan desafíos estructurales, la medida se vive como una nueva forma de exclusión