Persecución en el INTA: la científica exonerada por investigar agrotóxicos apelará la medida en la Justicia
Con el aval del Gobierno nacional y de las patronales agrarias, el Consejo Directivo del INTA ordenó expulsar a la investigadora Virginia Aparicio tras revelar la presencia de plaguicidas en cuerpos humanos. Su defensa denunció la influencia del agronegocio y recurrirá a la Justicia Federal.
En el marco de un fuerte proceso de embate contra los organismos públicos de ciencia y técnica, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), presidido por Nicolás Bronzovich —dirigente vinculado a Aapresid y a la Sociedad Rural de Balcarce—, firmó la Resolución 366 que determina la exoneración de la ingeniera agrónoma e investigadora Virginia Aparicio. La medida representa la sanción administrativa más severa del régimen público y busca apartar a la especialista de sus funciones en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce, dejando además en riesgo su continuidad como investigadora del Conicet y en el sistema universitario nacional.
Frente a esta resolución, el abogado defensor de la investigadora, Mario Bolla, confirmó que agotarán la vía administrativa interna para luego presentar un recurso directo ante la Justicia Federal. La estrategia legal contempla exigir la nulidad absoluta del procedimiento por arbitrariedad, junto a la solicitud de una medida cautelar que ordene la restitución inmediata de Aparicio en su puesto de trabajo. La acción oficial generó un amplio repudio por parte de sindicatos, la comunidad académica y diversos colectivos socioambientales que denuncian un caso explícito de persecución y censura científica.
Los intereses del agronegocio y los hallazgos del Proyecto Sprint
El expediente disciplinario contra Aparicio le adjudica supuestas faltas administrativas durante la coordinación del proyecto internacional Sprint, un estudio consensuado institucionalmente que documentó la presencia y distribución de más de 200 plaguicidas en muestras ambientales, vegetales, animales y humanas. En la provincia de Buenos Aires, los análisis realizados sobre personas de zonas rurales y urbanas revelaron la presencia de glifosato en la totalidad de los casos testeados, registrándose rangos de hasta 13 plaguicidas en orina, 10 en sangre y 18 en materia fecal.
El letrado defensor remarcó que la sanción carece de sustento legal y responde a la presión de los grandes sectores concentrados de la producción agraria: “Si se reconocían los resultados del proyecto Sprint no había que prohibir necesariamente el uso del glifosato, lo que se pretendía estudiar era ver cómo incide en contacto con otras sustancias como la Atrazina, que en Argentina se continúa utilizando pero está prohibida en Europa, Uruguay y Brasil”, explicó Bolla a la prensa, añadiendo que “los pequeños agricultores podrían ir hacia un cambio de modelo agropecuario, pero detrás de esto están los intereses de los pooles de siembra que quieren más rendimiento y más uso de agroquímicos”.
A pesar de que la propia resolución del organismo reconoce que la investigadora cumplió con sus tareas, no obtuvo beneficio económico alguno y no contaba con antecedentes disciplinarios previos, el Consejo Directivo mantuvo la expulsión y dejó abierta la amenaza de derivar las actuaciones a la Oficina Anticorrupción. Mientras la apelación se encamina hacia la firma del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta —empresario del sector con representación en el Consejo a través de María Inés Amuchástegui—, Aparicio rompió el silencio tras meses de aislamiento institucional y afirmó que “en democracia no podemos vivir procesos de censura, de persecución, de falta de libertad para investigar. La ciencia se rebate con más ciencia, no con menos”.
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