Enorme preocupación en el sector del trabajo autogestionado cooperativo
Tras la difusión de la Resolución 2076/2026 emitida por el Inaes, la Federación de Cooperativas de Trabajo de Entre Ríos alertó sobre el impacto directo en la generación de empleo y las economías regionales.
El Instituto Nacional de Economía Social (INAES) dispuso una medida que enciende las alarmas en el sector asociativo e industrial del país.
A través de la Resolución 2076/2026, el organismo suspendió la autorización para funcionar de miles de cooperativas y mutuales, una decisión administrativa que frena la actividad de unidades productivas y de servicios golpeadas por el actual escenario socioeconómico de retracción del consumo y aumento de costos operativos.
La resolución oficial paraliza de manera directa la capacidad legal y comercial de entidades que cumplen un rol social en la contención laboral. Al quedar suspendidas sus matrículas, las cooperativas enfrentan barreras legales inmediatas que les impiden facturar, suscribir contratos, participar en licitaciones públicas o acceder a financiamiento institucional, comprometiendo la estabilidad de miles de puestos de trabajo autogestionados en todo el territorio nacional y provincial.
La postura institucional de Fecootrer frente a la medida oficial
Ante esta situación, la Federación de Cooperativas de Trabajo de Entre Ríos (Fecootrer LTDA.) expresó su postura pública. Desde la entidad manifestaron:
“Desde la Federación de Cooperativas de Trabajo de Entre Ríos (Fecootrer LTDA.) manifestamos nuestra preocupación por la Resolución Inaes 2076/2026, que suspende la autorización para funcionar de miles de cooperativas y mutuales en todo el país.
El cooperativismo de trabajo es una herramienta importante para la generación de empleo y la inclusión social. Muchas cooperativas sostienen familias, producen bienes, prestan servicios y fortalecen las economías locales. Varias surgieron de la recuperación de empresas quebradas o abandonadas, a partir de la decisión de sus trabajadores de organizarse para defender su fuente de trabajo.
La medida llega en un contexto difícil para el sector: caída del consumo y de la demanda, aumento de tarifas y costos, reducción de obras públicas y contratos estatales, y dificultades para acceder al crédito. Muchas cooperativas trabajan con márgenes mínimos y priorizan garantizar el ingreso de sus asociados.
La suspensión puede impedirles contratar, facturar, presentarse a licitaciones o acceder a programas, poniendo en riesgo puestos de trabajo autogestionados. Solicitamos que se revise la medida y se abran canales de diálogo con el sector.”
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