La comunidad universitaria se moviliza en Gualeguaychú para exigir el financiamiento y la recomposición salarial docente
Paros rotativos en las universidades entrerrianas
Frente al incumplimiento y las maniobras para trabar la Ley de Financiamiento Universitario, AGDU convoca a marchar este jueves 15 de octubre a las 16:30 en 25 de Mayo y Perón. El sector reclama fondos para becas, salarios e investigación en medio de un conflicto nacional en escalada.
El recorte de recursos hacia la educación pública y la falta de garantías en las asignaciones presupuestarias han reinstalado un clima de fuerte conflictividad social y gremial en todo el país. La defensa del sistema universitario como garante del desarrollo soberano, la igualdad de oportunidades y el acceso a la ciencia vuelve a movilizar a los distintos actores de la comunidad académica frente a las políticas oficiales de ajuste.
En este marco, Gualeguaychú volverá a ser escenario de reclamo territorial durante la Quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo jueves 15 de octubre en todo el país. La seccional local de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), con representación en la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), formalizó el llamado a docentes, nodocentes, estudiantes y vecinos a sumarse a la jornada pública de protesta.
Concentración céntrica, reclamos normativos y sostén del sistema científico
De acuerdo con el esquema difundido por la organización gremial, la concentración en el ámbito local se concretará a partir de las 16:30 horas en la esquina de 25 de Mayo y Perón. Desde ese punto céntrico, la movilización marchará con destino a la Plaza San Martín, donde se llevará a cabo un acto con la lectura de posicionamientos institucionales en demanda del estricto cumplimiento de las normativas vigentes para el sector.
El reclamo central se enfoca en la plena aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Dicha ley, ratificada por el Congreso de la Nación mediante insistencia legislativa tras el veto aplicado por el Poder Ejecutivo, continúa sufriendo trabas, dilaciones administrativas y controversias judiciales que impiden su ejecución efectiva y perjudican directamente los ingresos del personal académico.
Desde el sector gremial remarcaron que el conflicto no se limita únicamente a la pérdida del poder adquisitivo salarial, sino que abarca la quita de fondos para el funcionamiento general de las instituciones públicas. La falta de asignaciones presupuestarias pone en riesgo la investigación científica, los programas de becas estudiantiles para garantizar el cursado, la infraestructura edilicia y el mantenimiento de los hospitales universitarios en todo el territorio nacional.
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